Autoridades avileñas convocan a la participación del pueblo para contener efectos de coleros, revendedores y acaparadores en la economía doméstica

Foto tomada del periódico Invasor

“La tarea de eliminar los hechos delictivos generados por coleros, revendedores y acaparadores no es de un organismo o de actores administrativos, sino de todo el pueblo”, aseguró Carlos Luis Garrido Pérez, presidente del Consejo de Defensa de Ciego de Ávila en su intervención en la revista televisiva Equilibrio, del canal territorial.

“Esas son figuras que siempre han existido, pero cuyo impacto se siente mucho más ahora en la situación actual, agravada por el bloqueo económico, comercial y financiero y la incidencia de la covid-19 en todas las esferas de la sociedad”, dijo.

El también Primer Secretario del Partido en la provincia explicó que se trabaja para crear mecanismos que permitan canalizar de forma rápida y efectiva los criterios de la población y enfocarse no solo en las consecuencias, sino en las causas de esas actividades que generan delitos.

Así mismo señaló que en los diez municipios de Ciego de Ávila existen puestos de mando, donde se reciben las quejas o denuncias de hechos de este tipo, ya sea por la vía telefónica o personalmente.

Tomás Alexis Martín Venegas, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial y gobernador de la provincia explicó que las ilegalidades no solo se cometen hoy en las tiendas, a través de venta de turnos y números en las colas y la comercialización a sobreprecio de artículos y productos de todo tipo, también llega hasta farmacias y establecimientos de venta de materiales de la construcción, donde inescrupulosamente se trafican esos renglones.

De este modo se implementarán unas 500 medidas de control y se formaron 84 unidades con 97 grupos de trabajo con presencia de comisiones en todos los municipios, orientados en la profilaxis del delito, más que en la penalización, aunque según Maria Victoria Sifonte Ayup, fiscal Jefa en Ciego de Ávila, esta tarea se sustenta, entre otros principios, en la individualización de cada persona que incurra en el delito.

Sifonte Ayup aclaró que la Resolución 57 de 2020 establece el modelo de actuación de la Fiscalía para el enfrentamiento de estas acciones delictivas que afectan el orden económico y social del país y especificó que entre los delitos en los que se podría figuran la actividad económica ilícita, el desorden público, la desobediencia y el préstamo al garrote.

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