Junta fiscal intenta recuperar mil millones del pueblo de Puerto Rico
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) emitió una declaración escrita para anunciar una demanda contra 20 bancos, bufetes de abogados y otras entidades con el propósito de recobrar comisiones que devengaron cuando ayudaron en las emisiones de 9 mil millones de dólares en bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico.
Al emitir estos bonos, las entidades demandadas contribuyeron a que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF, equivalente al banco central), violara su deber fiduciario para con Puerto Rico y que se enriquecieron injustamente con cientos de millones de dólares.
Desde hace tres años, cuando se estableció la JSF, diversos sectores, incluidos sindicatos, han reclamado que se realice una auditoría de la deuda pública de más de 73 mil millones de dólares para determinar su legalidad.
La sospecha es que gran parte de la acreencia es ilegal, por incurrir en violaciones de la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo que hasta ahora no había tenido eco.
Ahora, ante el inminente vencimiento del plazo para recurrir a los tribunales, la JSF reconoce que la ciudadanía de Puerto Rico ha sido perjudicada por estas entidades por un monto que se determinará en el proceso judicial, y por ende son responsables por los daños causados como resultado de las violaciones de su deber fiduciario.
La Junta de Supervisión Fiscal sometió cientos de demandas contra individuos y entidades para recobrar pagos percibidos por bonos emitidos ilegalmente, en particular de los acreedores de mayor tamaño, que mantienen al menos 2,5 millones de los bonos cuestionados ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
David Skeel, miembro del Comité de Reclamaciones Especiales de la JSF, aclaró que los tenedores de bonos de menor cuantía no tendrán que devolver nada de principal ni intereses percibidos por sus inversiones producto de los bonos en cuestión, ya que algunos posiblemente confiaron en información provista por los emisores, las firmas suscriptoras que manejaron la emisión y otros profesionales y prestamistas a la hora de invertir en estos bonos.
La JSF entiende muy bien estas preocupaciones, dijo, pero las leyes de Puerto Rico limitan la autoridad que tiene el gobierno de emitir deuda por una razón clara y simple: evitar que los financieros conduzcan el gobierno y a sus instrumentalidades, así como a los contribuyentes y acreedores legítimos, a un nivel que no se pueda repagar sin sacrificar los servicios necesarios como la salud, seguridad y bienestar social.
‘La Junta de Supervisión no asumió la determinación de proceder a recuperar estos fondos livianamente’, manifestó Skeel, al considerar que los contribuyentes de Puerto Rico no deben llevar sobre sus hombros los pagos que hizo el gobierno a los grandes inversionistas, que nunca debieron haberse efectuado.
