Lo que el Imperio quiere en Brasil

La inhabilitación electoral de Luiz Inácio Lula da Silva es el capítulo final (aunque no concluido) de la sucia campaña política contra la izquierda brasileña, iniciada con el espurio proceso parlamentario-mediático-judicial que sacó de la presidencia a Dilma Rousseff.

La sesión del Tribunal Superior Electoral, que saca casi definitivamente a Lula de la contienda electoral, ocurrió en la misma fecha en que dos años atrás se consumó el golpe contra Dilma. ¿Premeditación y alevosía?

Como entonces, la maniobra se ha basado en interesados supuestos y responsabilidades prefabricadas. “No hay justicia para quien quisiera disentir del coro de las élites” ha definido al respecto el periodista brasileño Fernando Brito en un artículo en el diario digital Brasil 247.

Se quiere impedir a toda costa un nuevo gobierno popular en el gigante sudamericano, que sea obstáculo para las pretensiones de dominación del imperio estadounidense y los objetivos de apropiación de la riqueza por parte de la oligarquía local.

“Ahora le impiden a Lula ser candidato presidencial porque saben que ganaría ampliamente las elecciones de octubre. En Brasil los medios de comunicación, en coordinación con el Poder Judicial, también han arrasado con el Estado de Derecho”, escribió, por su parte, en su cuenta de Twitter la expresidenta argentina Cristina Fernández.

¿Dónde está la mano de Washington?

La historia pudiera ser larga; pero fijemos elementos de análisis de los tiempos más cercanos. Pocas veces se recuerdan las revelaciones de Edward Snowden sobre las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que desnudaron, entre otras cosas, un vasto programa de espionaje sobre Brasil.

Según el periodista estadounidense Glenn Greenwald, en varios artículos que escribió sobre el tema para el diario brasileño O Globo en julio de 2013, Brasil era el mayor objetivo del programa de espionaje electrónico de la NSA en América Latina, que recogía información de miles de millones de mensajes electrónicos y llamadas telefónicas que pasaban por Brasil.

En los documentos revelados se incluía la pregunta “Brasil ¿aliado, enemigo o problema?” y se mostraba la preocupación de Washington por el impacto que el crecimiento económico de Brasil tendría en el escenario político internacional.

La agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tenía pinchados cuatro teléfonos del despacho de Dilma e interceptó las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y los mensajes de texto de la mandataria; además de controlar las comunicaciones de su asesor personal y su secretaria. Hasta el avión presidencial estaba controlado. Pocos líderes extranjeros estaban bajo tan amplio escrutinio por el imperio.

El espionaje estadounidense también siguió todas las comunicaciones de al menos 29 miembros del gobierno brasileño, incluído el jefe de la Casa de Gobierno Antonio Palocci, quien después sería una de las estrellas de las delaciones premiadas por la justicia brasileña. ¿Vendrían de entonces las revelaciones que lo llevaron a claudicar?

También se espió todas las comunicaciones de la empresa estatal brasileña Petrobras, que había sido potenciada durante los gobiernos de Lula y Dilma. El expresidente de la compañía, Antonio Menezes, alertaba por entonces del “riesgo significativo” que significaban para la libre competencia y para Petrobras que sus desarrollos y métodos fueran conocidos en otros países, pues serían como una “carta marcada” en el estratégico tablero internacional del petróleo.

Pero, ¿más allá del espionaje económico no saldrían de estos husmeos los elementos claves que después utilizaría la justicia para desatar el proceso que llega hasta la inhabilitación de Lula y que comenzó precisamente un año después de las revelaciones de Snowden con una amplia investigación contra Petrobras y sus contratos? ¿Acaso no le interesaba a Estados Unidos y sus petroleras el desmantelamiento de la poderosa Petrobras y de la política petrolera soberana que habían impulsado los gobiernos del PT?

El uso del poder judicial, ya se sabe, es el mecanismo favorito de Washington en estos momentos para atacar a los líderes de izquierda en nuestra región. Así lo han aplicado contra Dilma, Cristina, Correa, Lugo. Ante los fracasos para imponer sus peones por la via de los votos, Estados Unidos acude a otras mecanismos para lograr sus objetivos.

Ello no ha sido fruto de la casualidad, sino de una pensada estrategia de penetración en los estamentos judiciales de la región, bajo el manto supuesto del enfrentamiento a la corrupción. En los últimos años, el Departamento de Justicia de EE.UU, en articulación con universidades, fundaciones y ONG de ese país, ha desarrollado un plan de formación de cuadros judiciales latinoamericanos a través de becas, seminarios, talleres y otros eventos.

Un cable clasificado de la diplomacia estadounidense en el año 2009, obtenido por Snowden y revelado por Wikileaks, hace valoraciones sobre una Conferencia Regional desarrollada ese año en Rio de Janeiro para entrenar fuerzas policiales y judiciales en los delitos de Financiamiento ilícito. En el informe se dice: “la investigación y penalización de casos de lavado de dinero, incluída la cooperación entre países, confiscación de bienes, métodos para extraer pruebas, negociación de delaciones…” y apunta más adelante: “el sector judicial brasileño está muy interesado en luchar contra el terrorismo, pero necesita herramientas y entrenamiento para utilizar la fuerza eficazmente (…) los jueces especializados dirigirán los casos de corrupción más significativos que impliquen a individuos de jerarquía”.

Uno de los mejores alumnos de aquel Seminario fue el actual juez de primera instancia de Curitiba, Sergio Moro, el paladín de la persecusión implacable contra Lula. Moro es fruto directo del plan de formación imperial: graduado de un curso sobre corrupción transnacional en Harvard, participante en eventos organizados por el Departamento de Justicia estadounidense y viajero frecuente al norteño país.

“Moro fue adiestrado en el Departamento de Estado. Viaja permanentemente a EE.UU. Moro sabe cómo ganarse la aprobación de washington”, dijo en una entrevista el reconocido diplomático brasileño Samuel Pinhero Guimaraes.

Significativo es que si bien la investigación sobre Petrobas y Odebrecht comenzó en el Estado de Curitiba, con su saga de delaciones premiadas, fue el Departamento de Justicia de EE.UU el que reveló las claves de las operaciones ilícitas de Odebrecht en Brasil y otros 9 países latinoamericanos, y quien impuso una multa al gigante empresarial brasileño por 3.5 mil millones de dólares. ¿Por qué interviene decisivamente Estados Unidos en un caso que ventila la justicia brasileña?

La ganancia

La Base Espacial de Alcantara en la mira de EE.UU

La arremetida concertada de los medios, el estamento judicial, la oligarquía y el imperio contra Lula y su fuerza política, aunque tiene un significativo costo social, le rinde jugososo frutos a sus promotores.

Para Washington y sus aliados se han abierto puertas imposibles de franquear con un gobierno de Lula. Así han logrado poner a punto un acuerdo por al menos 16 años para tener presencia estadounidense en la Base aerospacial de Alcántara, de donde habían salido en 2003, durante el primer gobierno de Lula, por razones de soberanía. Ese fue el objetivo más importante que llevaba el general Mattis, el jefe del Pentágono, durante su reciente visita a Brasil.

La base de Alcántara, donde opera la Agencia Espacial Brasileña, es la única infrastructura de lanzamientos de cohetes espaciales bajo el control de un país soberano de América del Sur. Especialistas consideran que el sitio tiene enormes ventajas para los lanzamientos espaciales por su cercanía a la línea ecuatorial, donde la velocidad de rotación de la tierra es mayor y se logran hacer más eficientes los despegues, con menor uso de combustible y mayor capacidad de carga.

Pero otros destacan que el verdadero objetivo estadounidense es militar, por la posibilidad de tener efectivos en un espacio ideal para las operaciones político-militares en América del Sur y África, dada la ubicación de Alcántara en el Nordeste brasileño, frente al África Occidental. Sería además un enclave estratégico para sus disputas frente a Rusia y China.

Para el exministro de Asuntos Estratégicos de Brasil (2009-2010), Samuel Pinheiro Guimaraes Neto “el principal objetivo estadounidense es tener una base militar en territorio brasileño en el cual ejerzan su sobernía, fuera del alcance de las leyes y de la vigilancia de las autoridades brasileñas, inclusive militares, y dónde puedan desarrollar todo tipo de actividad militar”. En su consideración, la utilización de Alcántara por parte de EE.UU es el “caso más flagrante de cesión de soberanía de la historia del Brasil”

Notable es también que en el 2017, por vez primera en la historia, tuvieron lugar en la Amazonia unas operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia; en una región rica en recursos, biodiversidad y agua, cuyo control es apetecido por Washington.

Para la reconocida investigadora mexicana Ana Esther Ceceña, el desarrollo de ejercicios como los AmazonLog2017 posibilita “colocar pertrechos de guerra que faciliten incursiones territoriales discrretas, operaciones de respuesta rápida, ambas contemplando la intervención de fuerzas especiales -ya sean estadounidenses, de cueroos locales o privadas-, o también para permitir operativos masivos mucho más visibles o escandalosos, producto de supuestos peligros humanitarios muy probablemente en Venezuela”.

La principal empresa brasileña de defensa, Embraer, cerró un acuerdo en abril de 2017 con la estadounidense Rockwell Collins en el área aeroespacial y el Comando de Ingeniería, Desarrollo e Investigación del Ejército de EEUU abrió una oficina en Sao Paulo, para profundizar en las relaciones de investigación e innovación de tecnologías de defensa.

Al asalto militar estadounidense en Brasil, se suma el de las grandes firmas norteñas. El pasado mes de julio se concretó la compra por Boeing del 80% de la reconocida división de aeronaves civiles de distancias medias de Embraer.

La empresa brasileña, que produce aviones comerciales, militares y ejecutivos desde 1969 y fue el primer exportador de Brasil entre 1991 y 2001, es el tercer constructor aeronáutico del mundo y una especie de identidad nacional, por lo que hubo mayoritarias manifestaciones de indignación en Brasil por la transacción.

“El escándalo es porque se trata de una empresa símbolo de la capacidad tecnológica brasileña, algo como Petrobras, pero, en este caso, una industria mucho más sofisticada”, valoró el analista Mario Osava.

La Embraer, junto con la canadiense Bombardier, es el segundo mayor fabricante de aviones regionales de 100 asientos, un sector en el que la Boeing no operaba y por eso tiene interés en el mercado de aviones regionales, que crece con más velocidad y en el que debe competir con empresas recién llegadas como la rusa United Aircraft, la japonesa Mitsubishi y la china Comec.

El avión más pequeño de Boeing, el 737-700 –con más de 140 asientos–, “no consigue aprovechar el crecimiento de la demanda entre compañías aéreas de bajo costo ni el incremento del número de aeropuertos menores que no reciben aviones de gran tamaño”, señaló recientemente el diario empresarial Valor.

Como señalaba por esos días en nuestra Mesa Redonda la expresidenta Dilma Rousseff, es entregar a un competidor uno de los más preciados activos y un ícono industrial de Brasil

La enorme reserva petrolera del Presal, la mayor del mundo -preservada por los gobiernos petistas para su explotación por Petrobas -, ha sido abierta por el gobierno de Temer a la inversión extranjera. Fue uno de los primeros pasos tras el Golpe de Estado contra Dilma. La decisión busca quitarle funciones importantes a la estatal Petrobras y eliminarla como principal operadora de la cuenca del Presal para que las grandes compañías transnacionales puedan ahora manejar los recursos naturales de ese país.

Un récord de 16 firmas petroleras, incluidas compañías como Royal Dutch Shell Plc, las estadounidenses Chevron Corp y Exxon Mobil Corp, la noruega Statoil y la francesa Total SA se registraron para la subasta en junio pasado de bloques en alta mar, donde el equivalente de miles de millones de barriles de crudo están atrapados bajo una gruesa capa de sal debajo del fondo del océano.

Temer ha anunciado además grandes privatizaciones en 34 sectores estratégicos del país, en una acelerada carrera de restauración neoliberal, aplaudida por la perversa oligarquía local y los poderes transnacionales. En negociaciones o ya vendidas se listan 57 empresas pública, aeropuertos y puertos.

“El golpe ha alejado a Brasil de su rumbo. Están vendiendo el patrimonio público [con privatizaciones], han decretado el fin de los derechos de los trabajadores [las reformas laborales y de pensiones de Temer] y han cortado las inversiones en salud y educación en los próximos 20 años [al reformar la Constitución para imponer un techo de gasto]. Todo eso de manera descarada. Para eliminar los efectos nefastos de este golpe, tenemos que ir a las urnas”, declaró hace unos días Dilma al diario español El País.

“Cuando no tengan nada que vender, van a vender el alma al diablo”, dijo Lula hace unos meses al diario brasileño O Globo ¿Se puede entender por qué el exlíder sindical y abanderado del PT no puede regresar el poder en Brasil?

Tomado de Cubadebate

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