Violencia armada en Nicaragua: un producto importado

Las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones ubicadas en lo que se conoce como el Triángulo del Norte, son el resultado de países alterados por el destino de repúblicas bananeras que Estados Unidos determinó en función de alimentar su estatus de superpotencia.

Durante los conflictos armados de los años 70 y 80, más de 1 millón de personas emigraron producto de las cruentas guerras en Centroamérica, donde Estados Unidos tuvo un papel clave en el financiamiento de grupos mercenarios; recordemos a los Contra, para evitar la llegada al poder, o la consolidación en el caso de Nicaragua, de gobiernos alternativos. Esa es la causa principal que determinaría el grueso de la historia contemporánea de Centroamérica, allí donde la violencia de los años 70 se une, en un mismo trayecto, en un mismo plan, con la terrible ola de violencia que actualmente azota a Nicaragua.

Volviendo a la emigración forzada. Los que tomaron como destino el norte del continente americano, obligados a la clandestinización, se formaron en las prácticas de crimen común, vandalismo y el narcotráfico como respuesta de sobrevivencia a la violencia cotidiana. En el año 1996 se implementó en Estados Unidos la deportación masiva de inmigrantes. Como consecuencia, 200 mil ciudadanos, la cuarta parte de ellos presos por estar relacionados a la cultura pandillera, fueron trasladados a Honduras, Guatemala y El Salvador.

Allí comienza la transnacionalización de las Maras, una de las formas sociales más famosas de un amplio espectro de criminalidad. Los grupos violentos absorvieron a las pandillas locales e importaron los códigos de un nivel de violencia criminal más organizado, con el aditivo de un flujo de armas adquiridas ilegalmente en los estados fronterizos de Estados Unidos.

En ese contexto, se ubica el triunfo y desarrollo de la revolución sandinista, que enfrenta su propia condición, o fatalidad, según se vea, a nivel geopolítico: estar en el corredor de tráfico de drogas que viaja desde los Andes con destino a los grandes mercados de las urbes norteamericanas. El enfoque ideológico con que Nicaragua aborda la penetración de bandas criminales es contrastable con las soluciones presionadas por la Agencia de Control de Drogas (DEA) y aplicadas en los países del Triángulo del Norte, diezmado por el MS-13 y el M18.

El Estado nicaragüense ha confrontado a pandillas locales menos violentas, a través de una articulación entre las fuerzas de seguridad nacional y la ciudadanía, conformando grupos de vigilancia comunitaria y logrando la identificación y desmovilización temprana de agentes del caos en barrios y localidades, con el fin de desescalar la violencia en el país. El resultado es tan evidente que ni organizaciones mundiales han podido negar la excepcionalidad con sus vecinos fronterizos: Nicaragua es conocido como el país más seguro del planeta.

Sin embargo, el fortalecimiento de las Maras en las débiles estructuras estatales del Triángulo del Norte, que se profesionalizaron, expandiendo su participación a actividades de extorsión, crimen organizado y el tráfico de drogas y personas, ha intensificado en el país la importación de células ligadas al pandillaje regional. Lugareños de Soto y San Lucas, poblaciones fronterizas con Honduras, sufren la intervención de estas bandas en su cotidianidad.

El arresto en 2017 de Sergio Umaña, presunto líder del MS-13, acusado de lavado de dinero y tráfico internacional de drogas, es el antecedente más destacado de una serie de detenciones en departamentos fronterizos de Nicaragua que confirman la adquisición de propiedades y recursos logísticos, así como las intensiones de establecer células de la organización en ese país.

Torturas, incendios y asesinatos: emulación de células paramilitares

Ahora, con el surgimiento de las manifestaciones aparentemente pacíficas en abril de 2018, utilizando el modelo de revolución de color como línea de acción para forzar un cambio de régimen, se fija el enlace de los operadores intelectuales con grupos paramilitares que escalen el conflicto a un nivel mayor de violencia política. Mientras que toman y aseguran territorios valiéndose del caos, la campaña mediática inicial de cubrir con el manto cívico a los grupos violentos blanquea a los involucrados en los hechos y se los adjudican al gobierno de Daniel Ortega.

En Venezuela, por ejemplo, el plan de golpe de color se gestionó con el apoyo del paramilitarismo colombiano, sobre todo en los puntos candentes de la guarimba en los estados fronterizos como Táchira y Zulia. En Nicaragua, son las pandillas y Maras constituidas en los países vecinos las que acuden al llamado de los intereses transnacionales. Justamente es su forma de operar, la que sugiere su autoría en el rastro de horror de las más de 170 víctimas fatales que ha saldado la guerra irregular en curso.

Las similitudes en las formas de actuar de las agrupaciones criminales en el desarrollo del conflicto nicaragüense y las células pandilleras en regiones fronterizas, se observan en el uso de asesinatos selectivos, la extorsión, saqueos de negocios, control de las vías de comunicación y extorsión a la ciudadanía. El modus operandi que los indentifica.

Secuestrar y amordazar a las víctimas para golpearlas, amenazarlas de muerte y grabar las acciones que luego difunden en redes sociales, evocan las tácticas de terror que bandas paramilitares aplican en otros países. A finales del año pasado, miembros del MS-13 grabaron y luego publicaron en redes sociales la tortura y posterior asesinato de una menor de edad, un caso que no sólo impactó a la opinión pública sino que sirvió de propaganda para que el MS-13 se proyectara por encima de la capacidad policial de la autoridades salvadoreñas.

En distintos departamentos, que sufren el acoso de estos agentes ajenos a la comunidad, han delatado a estos grupos que, con la indulgencia de representantes de la oposición política, organismos no gubernamentales y la Iglesia católica, toman control de las vías de comunicación, imponen un estado de sitio, saquean negocios pequeños y extorsionan a los habitantes.

(Tomado de Misión Verdad)

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