- El cuerpo legal que entró recientemente en rigor en el país permite el derecho real de usufructo de la tierra a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales, privadas y mixtas
A poco más de un mes de la puesta en vigor de la Ley 185/2026. Ley de tierra agropecuaria y forestal, la normativa repercute en la incorporación de nuevos actores a la vida agropecuaria de Ciego de Ávila, y por ende, debe propiciar en lo adelante la reducción de las tierras ociosas o deficientemente utilizadas.
Resulta significativo que, a partir del 18 de septiembre pasado y hasta la semana anterior, se hayan radicado en la provincia 231 solicitudes de tierras en usufructo.
El dato lo ofreció a Invasor Giraldo Pérez Pérez, jefe de Departamento de Control de Tierra y Tractores en la Delegación Provincial de la Agricultura, quien subrayó cambios esenciales en dicho cuerpo legal y en el Decreto 175 /2026, es decir en el documento que precisa las disposiciones reglamentarias para aplicar la mencionada ley.
Precisó el directivo que, a su juicio, la principal modificación consiste en que, ahora, todas las empresas que administran tierras del Estado pueden entregarlas en usufructo, al igual que las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) en el caso de áreas bajo su propiedad.
Igualmente destacó que desaparece el límite en cuanto a hectáreas a entregar, establecido a partir de 2008 y ampliado gradualmente, pues la concesión del recurso está “en dependencia de la posibilidad que tenga el solicitante de poner a producir la tierra con su proyecto”.
“El único límite que existe es el mínimo”, puntualizó Leiliana Guerra Santos, jefa del Departamento jurídico en la Delegación Provincial de la Agricultura.
La persona natural o jurídica “puede solicitar dos hectáreas como mínimo. Después de eso, toda la que sea capaz de demostrar que puede explotar mediante un proyecto, financiamiento, equipos que posea, maquinarias, etcétera”, agregó.
Otra novedad significativa es que el productor tenga la posibilidad de permanecer en el campo, a partir de legalizar la vivienda, tipología 1 y 2, como la establece la Disposición especial QUINTA: “Se traspasan al régimen general de la vivienda vigente en el país, todas aquellas ubicadas en las tierras propiedad privada de un campesino para su correspondiente legalización, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley”.
Puntualiza el jefe de Departamento de control de la tierra y tractores que “la pueden legalizar después de cinco años de estarla viviendo y de estar trabajando en esa vivienda. Y estar trabajando en el usufructo, por supuesto, cumpliendo con lo que está establecido en el contrato de usufructo”.
El diapasón de actores económicos que con la Ley 185 pueden explotar tierras en usufructo incluye a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales, privadas y mixtas, y considera no solo a personas naturales o jurídicas residentes en el territorio nacional.
Tomado de Invasor