Desmitificación del decreto 349
El decreto 349 del Consejo de Ministros sobre las contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte no es censura que lacera, ni sordina al más elemental derecho de la libertad creativa.
Una de las fortalezas de la reforma constitucional cubana es la armónica sistematización del conjunto de decretos y leyes que configuran la institucionalidad de la nación, más allá de contextos coyunturales, pues la futura Constitución responde a las demandas presentes y futuras de nuestra sociedad.
De hecho, tal novedad se enfoca en la política cultural como espada y escudo de la nación al reconocer explícitamente los derechos culturales de la ciudadanía.
Tan moderno y revolucionario precepto implica también regular jurídicamente la política estatal sobre el arte y la literatura, cuyas bases se asientan en lo más auténtico y revolucionador de nuestra cultura como segunda naturaleza.
Y es, precisamente, en esa búsqueda del sentido de la creación medularmente martiana en que se expresa el decreto 349, el cual sí pone freno a la entronización cada vez más profunda que representan el mal gusto, el fraude y la banalidad.
De los derechos reconocidos constitucionalmente solamente se limitan aquellos que pudieran afectar los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a la Ley.
Como explicaría muy atinadamente uno de los internautas en el foro sobre el tema en Cubadebate:
No puede ser el dinero la medida de todas las cosas en una nuestra Cuba Socialista, se precisa levantar para todos los tiempos el prestigio social del conocimiento y de la cultura como segunda naturaleza de los seres humanos.
Sus normativas parten de una concepción de los derechos humanos en que se reconoce en estos su indivisibilidad, irrenunciabilidad e interdependencia, en correspondencia con el principio de progresividad y sin discriminación.
