Al presentar el resumen de la rendición de cuentas del Ministerio de Comercio Interior a la Asamblea Nacional, la ministra Betsy Díaz Velázquez informó que el organismo hizo dos visitas de intercambio y control a todas las provincias, comprobaciones a 89 empresas, 523 UEB y establecimientos estatales y 3 549 de gestión no estatal, incluidas áreas de concentración de trabajadores por cuenta propia.
El mismo proceso fue replicado por los grupos empresariales, empresas y UEB en todos los niveles de dirección.
La ministra puntualizó que la rendición de cuentas abarcó una red compuesta por 360 930 establecimientos, 95 688 gestionados estatalmente (26.5% y 250 910 por trabajadores por cuenta propia (69.5%).
El Mincin mantiene el monitoreo a la gestión de las comercializadoras mayoristas seleccionadas y se desarrolla la modalidad de consignación como alternativa para incrementar las ofertas. En la actividad de comercio mayorista, están inscritos 408 actores económicos no estatales.
El 2023 concluyó con afectaciones en frijol, azúcar, aceite, café, pollo, productos cárnicos, huevos y combustibles domésticos, las cuales se mantuvieron en el primer trimestre de 2024.
En el informe se reconoce que hay un fraccionamiento en las entregas a la red minorista por dificultades financieras que impiden alcanzar las coberturas necesarias y la oportunidad en la recepción de los productos.
Se mantiene la venta controlada de artículos de aseo y cigarros, productos seleccionados de las cadenas de tiendas y otros artículos por decisión de las autoridades locales.
En la entrega de donativos, se priorizó la atención a embarazadas, personas en situación de vulnerabilidad y niños de bajo peso y talla.
La ministra señaló que persiste la ocurrencia de hechos extraordinarios en la cadena de distribución y en los almacenes mayoristas. Las afectaciones se centran en arroz, frijol, azúcar, café, cigarro, pastas alimenticias y leche en polvo. Asimismo, se mantienen los robos en bodegas, con las mayores afectaciones en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Las Tunas, Holguín y Guantánamo.
El programa de venta de materiales para la construcción se desarrolla en una red de 306 tiendas, 31 de ellas para atender los subsidios. El plan de ventas se cumplió al 55% y los abastecimientos al 50%, con afectaciones significativas en las entregas de cemento, acero, elementos de pared, áridos, puertas y ventanas, juegos sanitarios y techos.
La sostenibilidad del Programa de Ahorro Energético (PAE) sigue afectada por restricciones financieras, lo que dificulta la adquisición de partes, piezas y accesorios. “Es limitada la comercialización de módulos de inducción y equipos de refrigeración y cocción de línea económica en CUP”, se señala en el informe del Mincin.
Añade que los nuevos núcleos no tienen concebida una vía para la cocción de los alimentos, al no estar prevista la entrega de combustible doméstico, GLP, ni equipos. En ese escenario, las tiendas en MLC se mantienen como alternativa para adquirir los equipos.
El aseguramiento y desarrollo de las políticas y los programas sociales, y la autogestión de las empresas, tienen su expresión en la circulación mercantil alcanzada.
En el 80% de la red estatal se presta el servicio del Sistema de Atención a la Familia. Los establecimientos restantes se ubican en universidades, preuniversitarios, hospitales, funerarias y terminales.
Las mayores insatisfacciones en los servicios se concentran en la gastronomía popular, en la que ha influido el déficit de aseguramientos del balance y el incremento de los costos de productos adquiridos por autogestión, siendo limitadas las ofertas de línea económica. No se logra sostenibilidad en las unidades emblemáticas y especializadas, incluidas heladerías, hamburgueseras y casas del perro.
En los últimos meses, la gastronomía ha tenido una contracción, debido a la no aceptación del pago bancarizado por los actores económicos no estatales, lo que demanda que las empresas minoristas activen los comités de contratación y hagan la concertación de precios y de pago de acuerdo con las políticas del país, apuntó la ministra.
Para el proceso de licitación del arrendamiento de locales en la subordinación local, se celebraron 139 asambleas municipales en todo el país y fueron presentados a convocatoria 1 474 establecimientos, de los que se aprobó el 89%. No se propuso licitación en 29 municipios.
En locales arrendados radican 7 919 actores económicos no estatales. Como resultado, se han recuperado infraestructuras, mejorando su imagen y confort.
Según Díaz Velázquez, a partir del monitoreo y controles realizados al proceso, se ha evidenciado falta de objetividad en la selección de los establecimientos a arrendar, existencia de locales cerrados, incumplimiento del cronograma previsto, poca supervisión y monitoreo. No todos los contratos de arrendamiento recogen los aspectos que se indican en la Instrucción 1/2022, se detectan irregularidades en el arrendamiento de espacios a actores económicos no estatales e insuficiente gestión de las empresas inmobiliarias.
La puesta en vigor de las normas jurídicas para los actores económicos no estatales produjo un incremento de actores cuyas actividades, tanto la fundamental como las secundarias, están vinculadas a la comercialización de bienes y servicios de la rectoría del organismo.
“De ahí la necesidad de fortalecer las relaciones hacia los modelos de gestión no estatal en tres direcciones: actividad registral y de control, comercio mayorista y la contratación económica, esta última con diferentes modalidades”, afirmó la ministra.
La dinámica de crecimiento de los actores con actividad comercial y el mercado informal de bienes de alta demanda requiere adoptar medidas organizativas, de regulación y control, en interés de la prevención y el enfrentamiento al delito y las manifestaciones de corrupción administrativa.
La ocurrencia de hechos delictivos en el sector demuestra que persisten manifestaciones negativas, evidenciadas en la participación colectiva en hechos sin enfrentamiento; débil o nula actuación de las organizaciones de masas y la administración; cadenas delictivas condicionadas por la falta de integridad y valores éticos; el incumplimiento de los deberes funcionales; el deficiente proceso de selección y aprobación de directivos y trabajadores, e incumplimientos de normas y procedimientos establecidos.
Tomado de Cubadebate