A analizar las insuficiencias, desafíos y exponer posibles soluciones en función de cubrir las demandas de la población en materia de alimentación, dedicó sus debates la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en el Palacio de Convenciones de La Habana.
De acuerdo con Ramón Aguilar Betancourt, presidente de esa estructura parlamentaria, se visitaron 491 entidades vinculadas a la producción de alimentos y que inciden directamente en la elaboración y distribución del pan de la canasta familiar normada.
Asimismo, en intercambios con más de 10 500 personas, los integrantes de la Comisión abordaron la implementación de la Ley de Pesca y su adecuado cumplimiento, motivo por el que más de 12 700 pescadores y 542 agentes de la Policía Nacional Revolucionaria se vincularon para velar por la correcta aplicación de esa normativa jurídica, destacó.
Aguilar Betancourt apuntó que se ha mantenido el vínculo con los municipios costeros para explotar al máximo las potencialidades de desarrollar la actividad acuícola y así hacer valer la Resolución 16/2024, que abarca el otorgamiento de licencias pesqueras.
Refirió que, a pesar de esa iniciativa, aún es insuficiente la contratación de los pescadores comerciales no estatales con las empresas de ese rubro u otras que pudieran poner a la venta las producciones que se obtienen.
Las capturas declaradas en 2023 marcan la cifra de más de 1029 toneladas (t), y hasta abril del presente año superan las 214 t, sin embargo las entidades pesqueras solo han comprado unas 104 t, precisó.
Esos números demuestran que es insuficiente el trabajo de las administraciones locales de conjunto con el sistema empresarial, para convertirlo en un mercado competitivo y con diversidad de ofertas para la población, añadió Aguilar Betancourt.
El presidente de la Comisión Agroalimentaria explicó que son los municipios holguineros de Antilla y Gibara, y Sagua La Grande, en Villa Clara, los que exhiben resultados alentadores que los distinguen de otros territorios costeros del país.
Las acciones de enfrentamiento a las violaciones de las regulaciones pesqueras han propiciado el desarrollo de inspecciones y la posterior aplicación de multas que suman un total de siete millones 550 000 pesos cubanos, expresó.
De la actividad acuícola subrayó que ha tenido un impulso dentro de última etapa de trabajo de la Comisión, lo cual se evidencia en la recuperación de la infraestructura para la creación de alevines y de áreas para la cría y la ceba.
Se sembraron en 2023 alrededor de 308 millones de alevines y hasta la fecha del actual año se sobrecumple la siembra en un cuatro por ciento, datos que las colocan como la más grande en la última década, acotó.
Es insuficiente la captura y la producción industrial por causas como: la falta de pescadores en las plantillas de los territorios, las carencias en las condiciones de vida y trabajo del personal, y el desaprovechamiento de los embalses con potencial productivo, anotó.
Aunque hay cerca de 5000 productores de alimentos y bebidas en toda la geografía nacional, en ocasiones estos bienes no cumplen con las buenas prácticas de calidad-inocuidad.
Resaltó que inciden en la carencia de productos en la mesa de los cubanos los problemas con la contratación de las materias primas agropecuarias; el inadecuado uso de los extensores en la elaboración del pan; la falta de utensilios y de condiciones laborales; la poca disponibilidad de envases y la necesidad de comercializar los alimentos a granel que provoca su adulteración, así como los impactos de la situación energética del país.
Se insistió en la inversión extranjera, donde aún resta capacitación para corregir errores como las demoras en las negociaciones.
En palabras de Aguilar Betancourt, al cierre de 2023 fueron 15 las empresas que concluyeron el período con pérdidas y con cuentas por cobrar y pagar, lo que afecta su sostenibilidad y repercute tanto en la remuneración económica del personal que en ellas labora y en la alimentación de las personas.
Yurismar Zaldívar Martínez, diputado por el municipio de Primero de Enero, en Ciego de Ávila, instó a un mayor reconocimiento a los trabajadores de la industria alimentaria, quienes, en la mayoría de los casos, operan sin descanso por bajos salarios y eso desemboca en hechos delictivos y de corrupción.
Hay que propiciar encadenamientos entre los actores del ramo para encontrar soluciones y sustituir materias primas para que los alimentos lleguen con la mayor calidad al pueblo, dijo.
Osmel Pérez Negrín, diputado de Quemado de Güines, en Villa Clara, comentó que, luego de visitar 32 entidades del sector y de intercambiar con cerca de 428 trabajadores, se detectó la necesidad de darle mantenimiento a algunas maquinarias y de rescatar otras para incrementar las producciones.
Los obreros buscan soluciones alternativas y están dispuestos a aportar a una rama de prioridad para la nación, aseguró.
Idalberto Rodríguez Herrera, diputado por San Juan y Martínez, en Pinar del Río, detalló que en la Fábrica de Conservas y Vegetales La Conchita ha sido primordial el rol de los innovadores, quienes han recuperado líneas de producción que se daban por perdidas.
Con el fruto de su trabajo logran salarios promedios de 13 500 pesos, así como estímulos materiales y monetarios, pues aportan a la alimentación de la población.
Jorge Luis Fajardo Casas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria, con más de 40 000 afiliados, recalcó la necesidad de mejoría de las condiciones laborales de la fuerza calificada, que se traduce en mayores esfuerzos por la óptima calidad de los productos que llegan a la mesa de cada cubano.
Más de 17 000 trabajadores en el país aún no reciben una remuneración económica a través del pago de utilidades y por resultados, debido a la falta de liquidez de las 15 empresas antes mencionadas con pérdidas.
Hasta este 16 de julio tendrán lugar las reuniones de las 11 Comisiones Permanentes de Trabajo de la ANPP.
Tomado de Invasor