Puede decirse que esa plática permanente afianzó todavía más, en el año que termina, los intereses estratégicos del Ejecutivo bolivariano de consolidar la Revolución en asuntos claves como la paz interna, la economía, la vida política y el acercamiento a fragmentos sociales como el religioso.
Pasos importantes se dieron en las conversaciones directas sostenidas con Estados Unidos que, aunque en estrictica confidencialidad, redundaron, hasta hora, en la firma de un importante acuerdo migratorio para el retorno seguro de venezolanos mediante el Plan Vuelta a la Patria.
El 5 de octubre el ministerio bolivariano para las Relaciones Exteriores informó que el gobierno firmó un acuerdo con su contraparte estadounidense para “la repatriación ordenada, segura y legal” de ciudadanos nacionales desde ese país. Señaló que el pacto surgió en el contexto de las “conversaciones con las autoridades” de la nación norteña.
BARBADOS, PUNTO DE INFLEXIÓN
Lo más relevante del año en cuanto a diálogo fue, sin dudas, el acuerdo alcanzado en el Centro de Convenciones de Bridgetown, Barbados, entre el Gobierno y la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), identificada como el segmento más extremo y violento de ese sector en el país.
Los nuevos convenios parciales estuvieron referidos a la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, además de protección de los derechos vitales.
Ambos se rubricaron luego de reanudar las conversaciones suspendidas hace más de un año en México y que, como en noviembre de 2022, fueron los protagonistas Gerardo Blyke, en representación de la PUD, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, como jefe de la delegación del oficialismo.
Este encuentro contó con la mediación y acompañamiento de Noruega, Brasil, Países Bajos, Rusia y México, y tuvo como antecedente la conferencia internacional sobre Venezuela, auspiciada por el presidente colombiano Gustavo Petro, para retomar el diálogo político entre el Gobierno y la oposición venezolana.
Lo negociado en la capital barbadense abrió de nuevo las esperanzas de avanzar en asuntos claves para el Ejecutivo y demandados por la oposición, si se tiene en cuenta que en el segundo semestre del 2024 habrá elecciones presidenciales.
El primer pacto reconoció el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato de manera libre y conforme a los mecanismos internos, la Constitución y la ley; y promover de manera conjunta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un grupo de garantías para todos.
Propuso, además, la invitación a misiones técnicas internacionales como la Unión Europea (UE), la Unión Africana, el Panel de Expertos de la ONU, la Unión Interamericana de Derechos Electorales y el Centro Carter, para observar el desarrollo de los comicios.
También, promover un discurso público y un clima favorable sin injerencias externas, de respeto a la ciudadanía, la Constitución y las leyes del país, y rechazar cualquier forma de violencia y acciones que atenten contra la paz territorial de la República Bolivariana.
El segundo acuerdo ratificó los “derechos históricos, soberanos e inalienables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba” y defender la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, como instrumento jurídico que compromete a las partes a buscar un arreglo práctico de beneficio mutuo.
Esto, junto a proteger los bienes y propiedad de la filial petrolera Citgo, bajo amenaza de robo en Estados Unidos.
No puede soslayarse la presencia de la nación norteña en estos encuentros cuando a Bogotá asistió con un invitado, entre los 19 países, y menos en lo logrado en Barbados, pues constituye un hecho notorio y público los vínculos entre esa extrema derecha nacional y Washington, como lo denuncian las autoridades.
CONFERENCIA NACIONAL Y LICENCIAS DEL TESORO
Los acuerdos de Barbados constituyeron un punto de modulación en la política nacional y de esperanzas para la mayoría de los venezolanos, que ven la posibilidad de que, a través de ellos, sean levantadas las más de 900 medidas coercitivas unilaterales impuestas en los últimos años.
En el primero de los casos, Maduro convocó a una conferencia nacional que denominó Por la paz, la democracia y el diálogo, en la cual participaron todos los sectores sociales y políticos del país.
Se trata de curar las heridas dejadas por el bloqueo y las sanciones, vamos a pasar la página y a “pensar en grande para hacer del país una patria grande”, subrayó en la reunión.
Estamos dando el primer paso para el levantamiento pleno de todas las sanciones, la recuperación progresiva del bienestar social, el crecimiento económico, la consolidación de la paz y la democracia, en el marco de la soberanía plena y la independencia nacional, afirmó optimista.
De este encuentro con sectores políticos, empresariales, religiosos, sociales académicos y culturales del país, derivó un documento de cuatro puntos en el que se llamó a cuidar la paz social y las instituciones democráticas; exigir el levantamiento completo y permanente de todas las sanciones, restricciones y limitaciones externas impuestas.
También, defender de manera activa y protagónica, como una sola nación, los derechos históricos, políticos y jurídicos de la República Bolivariana sobre el territorio Esequibo, además de desestimar y rechazar las amenazas y chantajes que ponen en riesgo los acuerdos de Barbados.
El presidente afirmó que lo allí rubricado se alcanzó “libres de condicionamiento y chantaje, lo hicimos por conciencia y por el compromiso constitucional con 33 millones de venezolanos”.
En el ámbito económico, al día siguiente de la firma, el titular del Parlamento informó sobre las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que permiten a la Empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la venta del combustible y gas, y que responden a los acuerdos adoptados.
Limitadas y condicionadas a terceros, la decisión estadounidense, establecida para un periodo de seis meses, permite a Pdvsa la producción, exploración, comercialización, venta y exportación de petróleo.
El Tesoro estadounidense consintió asimismo la exploración, producción, comercialización, venta y exportación de gas, y de todo lo relacionado con materiales y servicios para la industria petrolera venezolana.
Otorgó, además, permisos a la compañía minera nacional que autoriza las transacciones de la producción y comercialización de oro y licencias al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) para que pueda prestar servicios con vistas a la repatriación de los venezolanos desde cualquier parte de América.
ESTADOS UNIDOS, DISCORDIAS E IMPREVISIBLE FUTURO
Los incumplimientos de la PUD sobre los acuerdos firmados y su proceder después, junto a la posición tradicional de Estados Unidos y de sus satélites de actuar a conveniencia de los intereses hegemónicos, hacen dudar de cuánto tiempo más mantendrán vigencia los convenios de Barbados.
La Plataforma tira por la borda lo pactado cuando asume posiciones que contradicen la letra del documento y se resumen en el ataque y descrédito permanente al Gobierno con campañas internas y externas, financiadas y promovidas por sus representantes en el exterior y gobiernos extranjeros.
Muestra de ello fueron las llamadas elecciones primarias de la oposición, cuando organizaron una cruzada mediática para hacer creer que la ganadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, triunfó con más de dos millones de votos cuando superaron poco más del medio millón.
Estos comicios revelaron la variopinta composición de la oposición interna cuando de ese sector moderado salieron partidos a denunciar lo que denominaron “gigantesco fraude”, que inclusive llevaron a que el Tribunal Supremo de Justicia anulara dicho ejercicio.
Esa extrema derecha venezolana sigue mostrando sus verdaderas intenciones, al distanciarse del llamado nacional a defender la Guayana Esequiba, en una causa que consideran histórica y el principal factor ha sido la unidad en torno a un tema en el cual coincide la inmensa mayoría de los venezolanos.
Estados Unidos, por su parte, intentó distorsionar la letra de los documentos con declaraciones de altas autoridades del gobierno como el secretario de Estado, Antony Blinken, y del asesor Especial del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González.
Los altos funcionaron mintieron sobre los acuerdos con la oposición al vincularlos con la inhabilitación de la Contraloría General de la República a María Corina Machado, e inclusive, mencionaron establecer un plazo, que luego fue invalidado, de echar atrás el limitado alivio de sanciones.
Deberían saber que Venezuela “no acepta presiones, ni chantajes, ni sobornos, ni injerencia de poder de país alguno”, respondió en su momento el titular de la Asamblea Nacional.
La imprevisibilidad de lo que puede ocurrir hacia futuro con estos acuerdos también se manifestó con la decisión de la UE de prorrogar hasta el 14 de mayo de 2024 las medidas coercitivas unilaterales contra de la República Bolivariana, que conllevó a una respuesta contundente del Parlamento.
Para el presidente del Poder Legislativo, la decisión imposibilitará la asistencia como observador del bloque europeo a las elecciones presidenciales y a cualquier otro evento político venezolano, mientras haya connacionales sancionados.
Mientras permanezca una sola sanción contra Venezuela, ellos estarán incumpliendo “la ley y los principios de soberanía y autodeterminación” contenidos en los documentos de Barbados y los acuerdos que deben firmar con el Poder Electoral, subrayó.