Entre los años 2022 y 2023 dejaron la toga, por diversas razones, más fiscales (28) que en el período de cinco años comprendido entre 2017 y 2022, cuando totalizaron 22. Por ello, la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila cuenta hoy con un poco más de la mitad de los previstos en su plantilla.
Y aunque podrían parecer demasiadas cifras para una actividad que tiene más que ver con letras, leyes y argumentos; entenderlas permite valorar, en toda su magnitud, los resultados en la superación profesional, los procesos penales y el control de la legalidad, debatidos en el balance de los resultados de trabajo de ese órgano del Estado durante el pasado año.
Resulta muy difícil, en las circunstancias actuales, completar la plantilla de 93 fiscales que demandan los 10 municipios del territorio, sin embargo, se impone, al menos, elevar la actual cifra de 52. Eso lo tiene muy claro el vice fiscal general de la República, Reinaldo Cruz Rivera, quién suscitó el debate a partir de la pregunta: ¿Qué acciones concretas podemos llevar a cabo para contar con más profesionales en ejercicio?
La Doctora en Ciencias Celín Pérez Nájera, profesora titular de la carrera de Derecho en la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, destacó que algunos estudiantes, desde tercer año, son contratados para apoyar el trabajo de la Fiscalía Provincial, gracias a los estrechos vínculos entre esa institución y la casa de altos estudios.
Sin embargo, esta es una alternativa que, a pesar de sus frutos, no es la solución definitiva, pues, suponiendo que un número de los educandos de pregrado que se vinculan a esta labor, una vez terminados sus estudios, permanezcan aquí, la cifra total de egresados de derecho no satisface la demanda, no solo de la Fiscalía, sino de todo el sector jurídico de la provincia.
“Hoy son más quienes dejan el sector que quienes egresan de las aulas” señaló el vice fiscal general, quien aseguró que hay que asumir medidas excepcionales y reconoció el desempeño de los graduados de Técnico Medio en Derecho, una alternativa a extenderse a todo el país.
Mucho se debatió sobre la formación de estos profesionales y se valoraron opciones como realizar ajustes curriculares a los alumnos de los años terminales de la carrera de Derecho, para adelantar la terminación de sus estudios y, a su vez, el ejercicio de la profesión. Incluso, se abogó por incrementar la cifra de 30 a 45 de los estudiantes que ingresan a la especialidad cada año.
La situación actual no es privativa de ese sector, pues parte de una realidad económica y social, en la que los profesionales avileños —y cubanos— han visto expandidas sus oportunidades de trabajo en otros sitios, a partir del desarrollo de nuevas formas de gestión que ofrecen salarios más altos y ciertas flexibilidades laborales.
“A pesar de ello, hay que seguir apelando a la conciencia de los profesionales, analizar, desde cada colectivo laboral, por qué las personas dejan el oficio. No podemos resignarnos a perder a profesionales valiosos, con experiencia”, recalcó Cruz Rivera.
No contar con el suficiente personal incide en la difícil tarea de ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, reconoció Karel Roberto Alonso Rodríguez, jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila. Durante el pasado año, el 43 por ciento de los expedientes de asuntos penales presentados al Tribunal Provincial Popular tuvieron deficiencias y fueron devueltos, en su mayoría, por la necesidad de ampliar las investigaciones.
“¿Cómo vamos a mejorar nuestros indicadores de calidad?”, lanzó al ruedo Alonso Rodríguez, quien, en una disertación sin atisbos de autocomplacencia, reconoció que esto es un problema que incide en las garantías constitucionales de los ciudadanos, ya que demora el momento de ser juzgados y, por ende, los tiempos en que presuntos culpables permanecen en prisión preventiva.
Así, se acordó intensificar la realización de espacios de superación para los ejecutores del derecho y aprovechar más las posibilidades del pluriempleo; mientras el vice fiscal general de la República de Cuba concluyó que el costo de lo que se haga bien o mal se reflejará siempre en la ciudadanía, “porque nuestra misión es única e indispensable en la sociedad”.
Presidieron también la asamblea de balance, el miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en el territorio, Liván Izquierdo Alonso, y la fiscal jefa provincial, María Victoria Sifonte Ayup.