A pesar de ser una obligación establecida por las resoluciones 93 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) y 111 del Banco Central de Cuba (BCC), la opción de pago a través de códigos QR (Pago en Línea) sigue siendo sistemáticamente rechazada por algunos actores económicos en esta provincia de Ciego de Ávila.
Esta práctica, que perjudica a los consumidores y dificulta la transición hacia una economía digital, se manifiesta a través de diversas excusas y negativas que evidencian una falta de compromiso con las regulaciones vigentes.
Desde problemas de conexión y códigos QR «llenos», hasta limitaciones en la cantidad de pagos diarios o montos máximos de compra, las justificaciones para evitar el pago digital son variadas y recurrentes. Algunos establecimientos incluso llegan al extremo de afirmar que solo ofrecen el servicio «para cumplir», pero en la práctica no lo aceptan.
Esta situación genera frustración e inconformidad entre los consumidores, quienes ven limitadas sus opciones de pago y obligados a recurrir al efectivo, en ocasiones con la dificultad que esto conlleva. Además, socava los esfuerzos del gobierno por impulsar la digitalización de la economía y fomentar el uso de medios de pago electrónicos.
Es fundamental que las autoridades competentes intensifiquen la fiscalización y apliquen las sanciones correspondientes a aquellos actores económicos que incumplan con esta obligación. Asimismo, es necesario sensibilizar a los comerciantes sobre los beneficios del pago digital, tanto para ellos como para los consumidores, y brindarles el apoyo necesario para superar las dificultades técnicas que puedan surgir. El cumplimiento de la obligatoriedad del pago QR( Pago en Linea), no es solo un requisito legal, sino un paso esencial hacia una economía más moderna, eficiente y accesible para todos.
Sin embargo, la persuasión no puede ser la única estrategia. La experiencia ha demostrado que, en muchos casos, solo la amenaza real de una sanción económica o el cierre del negocio logra cambiar la actitud de aquellos que se resisten al cumplimiento de la ley.
En definitiva, para lograr una bancarización efectiva y garantizar el respeto a los derechos de los consumidores, es imprescindible combinar la educación y la persuasión con una aplicación rigurosa de las sanciones. Solo así se podrá avanzar hacia una economía más moderna, eficiente y transparente, donde el cumplimiento de las normas sea la norma y no la excepción.