El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil abrió este miércoles los primeros juicios contra seguidores del ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro, acusados por su involucramiento en la invasión y destrucción de las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia, el pasado 8 de enero.
Cuatro hombres, de entre 24 y 52 años, son los primeros en pasar por el banquillo de la corte en Brasilia.
El 8 de enero, una semana después de la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, miles de bolsonaristas invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, el Congreso y el STF, negados a aceptar la derrota de Bolsonaro en las presidenciales de octubre.
“Hoy se inicia un momento clave en la historia brasileña”, afirmó el fiscal Carlos Frederico Santos, subprocurador general de la República, que presentó los cargos contra el primer acusado.
“Ya hemos pasado página a los golpes de Estado en nuestra historia, y todos aquellos que se afilian a esa idea espuria de conquistar el poder mediante la violencia y fuera de las normas constitucionales, han de responder por sus delitos”, dijo.
Al comenzar la sesión, el juez relator del caso, Alexandre de Moraes, informó que la Fiscalía ha presentado 232 denuncias por los delitos más graves, “de las cuales, hoy empezaremos a juzgar cuatro”.
Los cuatro imputados (tres presos y uno en libertad) está acusados de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y daño calificado, entre los principales cargos pedidos por la Procuraduría General de la República (PGR).
Los procesos de los acusados, que se enfrenta a hasta 30 años de prisión, son individuales.
Al presentar los cargos contra el primer imputado, el fiscal Santos citó entre las pruebas un video grabado por este durante la invasión, dirigido a sus amigos, en el que se mostraba en la mesa principal del Senado Federal vistiendo una camiseta con la inscripción Intervención militar federal’.
Su adhesión “a la intención golpista de la horda antidemocrática es irrefutable”, dijo el fiscal sobre el acusado, Aécio Pereira, un exempleado de 51 años de la empresa de saneamiento del estado de Sao Paulo.
Sus abogados sostuvieron ante los jueces que el imputado no estaba armado durante la asonada y que, a diferencia de otros manifestantes, no cometió “ningún acto violento”.
Además de las 232 denuncias ya presentadas por los delitos más graves, la PGR analiza más de 1 000 casos por la asonada que, en caso de llegar a acuerdos, no tendrían proceso penal a cambio de multas y contribuciones sociales.
Bolsonaro, declarado recientemente inelegible por ocho años por haber desinformado sobre el sistema electoral, es investigado por su presunto papel como instigador de los hechos del 8 de enero en Brasilia.
Previamente a la asonada de ese día, seguidores de Bolsonaro protagonizaron cortes de carreteras y manifestaciones frente a cuarteles militares, pidiendo una intervención militar.
Brasil pide colaboración de EEUU en pesquisas sobre Bolsonaro
Brasil ha solicitado formalmente la asistencia de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en las pesquisas que involucran al expresidente Jair Bolsonaro después de que su exayudante aceptara cooperar con los investigadores brasileños, dijeron a Reuters dos fuentes de la Policía Federal del país sudamericano.
La petición busca corroborar las declaraciones del exayudante de Bolsonaro Mauro Cid sobre su papel en varias indagaciones criminales que implican a Bolsonaro, entre ellas sobre registros de vacunación falsificados y la venta de costosas joyas regaladas por Gobiernos extranjeros.
Cid fue puesto en libertad la semana pasada tras aceptar cooperar con la policía.
El exmandatario se enfrenta a crecientes riesgos legales después de perder su candidatura a la reelección, y muchos en Brasil creen que pronto podría terminar en la cárcel. El Tribunal Federal Electoral prácticamente puso fin a su carrera política al declararlo inelegible hasta 2030.
Según una de las fuentes, Estados Unidos ya está prestando una primera ayuda informal. La solicitud oficial, realizada a través del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia, formalizará el acuerdo y permitirá que las pruebas se utilicen en los tribunales.
El ministro de Justicia, Flavio Dino, dijo al sitio web de noticias G1 que la solicitud fue enviada el martes. Los abogados de Bolsonaro y Cid no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
La policía cree que Cid fue un actor central en varios esquemas que involucran a Bolsonaro. Después de perder las elecciones de 2022 ante el hoy presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro y Cid partieron para una estancia prolongada en Estados Unidos, donde tuvieron lugar algunos de los presuntos delitos.
Una de las fuentes dijo que Brasil podría tardar entre tres y seis meses en recibir la información que necesita de Estados Unidos.
(Con información de AFP, Reuters y Sputnik)