El Gobierno de Brasil determinó reforzar la seguridad en todo el territorio nacional después que extremistas de derecha convocaran a nuevas manifestaciones para hoy en ciudades capitales.
En declaraciones a la televisora CNN Brasil, el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, precisó que ese fortalecimiento fue determinado por el gabinete de crisis estructurado por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para supervisar y anticiparse a nuevos actos criminales contra la democracia.
“Tiene medidas de refuerzo de la seguridad en todo el país una vez que circularon cartas de nuevas manifestaciones. Entonces por precaución la seguridad en la Explanada de los Ministerios (están ubicados los principales edificios públicos), en las ciudades y en el país como un todo”, explicó Costa.
Informó, además, que el Ejército deberá proteger las sedes de los tres poderes, pero sin necesariamente un decreto de Garantía de Ley y del Orden, la llamada GLO, en el que toman el poder las Fuerzas Armadas.
“No necesitas GLO para proteger el Palacio. La seguridad en el Distrito Federal (DF) está bajo intervención y habrá todo refuerzo del Ejército para protección, además de las otras fuerzas de seguridad”, precisó.
En redes sociales, grupos de adeptos radicales del derrotado mandatario Jair Bolsonaro divulgaron citas para manifestaciones a las 18:00, hora local, de este miércoles en Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte.
Tales movilizaciones serán por la “recuperación del poder”, según los organizadores.
Los bolsonaristas (partidarios del exgobernante) piden la intervención militar en el país y rechazan la asunción por tercera vez de Lula al poder.
Al menos 1 500 de estos extremistas se registran detenidos por las invasiones y actos de vandalismo que protagonizaron el domingo en el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Por los hechos, Lula decretó la intervención federal en la Seguridad Pública del DF. Aprobada en el Parlamento por las dos cámaras (Diputados y Senado), la materia ahora sigue para promulgación.
En la práctica, con las validaciones, el Congreso ratifica la medida hasta el 31 de enero, conforme la propuesta del presidente.
La disposición está prevista en el artículo 34 de la Constitución Federal para “poner fin a grave comprometimiento del orden público” y “garantizar el libre ejercicio de cualquiera de los poderes en las unidades de la federación’.
Durante una reunión con gobernadores o representantes de los 27 estados de Brasil, a propósito de los actos golpistas, Lula señaló que “no vamos a permitir que la democracia se nos escape de las manos”.
Agentes de la Policía Federal de Carreteras (PRF) de Brasil. Foto: AFP
Este miércoles, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prohibió el bloqueo del tránsito en todo el país o acceso a entidades públicas y ordenó prisión contra todos aquellos que desobedezcan.
Mientras, se espera la inminente entrada en prisión de Anderson Torres, exjefe de Seguridad del Distrito Federal (DF), un estrecho aliado de Jair Bolsonaro.
También fueron destituidos 13 uniformados presentes en la invasión de la sedes de los tres poderes y que fueron designados por Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro y le secundó en su campaña de descrédito del sistema electoral, uno de los principales motivos del asalto del domingo.
Torres está de vacaciones en Orlando, EE.UU., la misma ciudad a la que viajó Bolsonaro para evitar ponerle la banda presidencial a su enemigo político el pasado 1 de enero. Nombrado por Bolsonaro como secretario de Seguridad del DF el pasado 2 de enero y, tras destituir a buena parte de su equipo, Torres se marchó después al extranjero dejando un vacío enorme en la seguridad.
Después de un pedido de detención emitido por el juez De Moraes, el exministro anunció el martes que volverá a Brasil para enfrentarse a las acusaciones, cosa que podría concretarse este miércoles o jueves, según la prensa local.
De Moraes consideró que la conducta de Torres fue “gravísima” y puso en riesgo la vida del presidente y de otros políticos.
Anderson Torres, exjefe de Seguridad del Distrito Federal (DF) y exministro de Justicia.
Mientras tanto, Bolsonaro recibió el alta del hospital AdventHealth Celebration, en Florida, en el que ingresó el lunes tras sufrir fuertes molestias abdominales. El vicefiscal Lucas Rocha Furtado ha pedido bloquear las cuentas bancarias del ultraderechista en el marco de la investigación sobre los actos de vandalismo del domingo.
El martes, el exmandatario compartió en las redes un contenido que decía que Lula no fue elegido por el pueblo, sino por el servicio electoral junto con los ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Superior Electoral.
La publicación, que era el extracto de una entrevista a un abogado del estado de Mato Grosso do Sul, se hizo viral rápidamente y fue eliminada después.
“Publicó un contenido que promocionaba el golpe y, horas después, lo borró. Esto fue suficiente para estimular a sus seguidores que destrozaron el Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal y ya se están organizando en las redes sociales para otra ola violenta este miércoles”, escribió el periodista Leonardo Sakamoto.
Sakamoto consideró que el post “aun con la cobardía de haber sido borrado, era un mensaje explícito considerando el contexto” actual.