Cuando la arquitecta Zussell Sarmiento Aguilera habla de trámites que deben concluir en 50 días e informa los pendientes que han ido acumulándose por todo el 2022, debe admitir una verdad de Perogrullo: “tenemos un gran atraso. 269 expedientes es el último número, aunque eso se mueve constantemente, puede que ya hoy no sea exacto”.
Pero, luego, la jefa del departamento de Gestión del Planeamiento de la dirección municipal del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), que tiene sus oficinas en la calle Libertad, dice otra perogrullada que no suele tenerse en cuanta si juzgamos con encono los trámites fuera de término. “Apenas tenemos trabajando a tres técnicos para toda la ciudad cabecera y los poblados periféricos, y la mayor parte del tiempo se mueven por sus medios, así se nos hace casi imposible cumplir con los tiempos establecidos.”
Aunque el registro general de entrada en el municipio avileño indica la recepción de 4 819 trámites desde el 2022, solo alrededor de la mitad serían radicados allí, pues el resto corresponden al local de la dirección municipal, ubicado en la calle Narciso López, esquina a Cuba.
Hacia allá acuden los certificos catastrales (actualización de viviendas, división, unificación…). O sea, viviendas que ya tienen títulos de propiedad y que, no obstante, hay que actualizar. “Digamos, por ejemplo, que cada cinco años se va depreciando el valor legal de la vivienda y eso debe actualizarse, o que la propiedad tenía colindantes, cuyas direcciones cambiaron porque antes eran con nombres y ahora son con números”, comenta la arquitecta, ilustrando los múltiples motivos que justifican la presencia de personas, casi constantes, en las instancias del INOTU.
El “cuello de botella” en el área dirigida por Zussell (234 expedientes pendientes de los más de 1 000 procesados) obedece a dictámenes técnicos para la legalización de viviendas. Es decir, viviendas sin propiedad que, por acuerdo del Consejo de Ministros en el 2019, tienen seis años, hasta 2025, para adquirir estatus legal.
Ahí figuran hogares en asentamientos periféricos o rurales y urbanos, los cuales, según la Resolución, pueden legalizarse “sin observar las formalidades en su construcción, siempre que cumplan con las regulaciones territoriales y urbanísticas”.
No obstante, la Gaceta Oficial especifica que a quienes no acudan, “se les aplica la norma vigente para las construcciones ilegales y no se les reconoce la propiedad de la vivienda”, por lo que el ultimátum habla de tensiones que ponen a correr a unos cuantos y, de paso, a los técnicos del INOTU.
La semana pasada, comenta Zussell, el apoyo de un transporte los llevó al poblado de Vicente y avanzaron en la legalización que, “a veces, se dificulta porque hay que medir terreno, entrevistar a vecinos colindantes para cerciorarse de que no hay litigios, y si no están, como ha sucedido, pues nos obliga a volver, y ya eso dilata el proceso”.
Esa es, apenas, una muestra de las interioridades de cada caso, amén de que hoy estén en manos de los técnicos 147 expedientes tratándose de concluir. Solo 20 no han podido ser iniciados todavía, refiere Zussell.
Desde su departamento, otros trámites también se canalizan, si bien, asegura, la demanda es mucho menor y suelen transcurrir en el tiempo previsto. Ahí figuran la solicitud de solares, que no se están aprobando por no contar el municipio con parcelas urbanizadas, las licencias de construcción y autorizos de cercas perimetrales.
(Tomado de Invasor)
Por: Katia Siberia