En junio de 1960, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz compareció ante las cámaras de la Televisión Cubana para informar al pueblo que, por orientaciones del Gobierno de EE. UU., existía el propósito de las compañías extranjeras de boicotear el procesamiento del petróleo.
Tal desaguisado se hizo realidad cuando el monopolio integrado por las refinerías Esso, Texaco y Shell se negó a refinar el hidrocarburo que la Isla había adquirido en la URSS.
Apenas dos meses antes, en abril de 1960, Lester D. Mallory, subsecretario de Estado, publicó un memorando que serviría de base a la guerra económica contra Cuba.
Días después, el Consejo de Seguridad Nacional volvió a evocar la cuestión cubana, y Allen Dulles expresó: «La única solución posible es la aplicación de sanciones económicas severas para que la vida cotidiana de los cubanos se vuelva insostenible».
La espiral de la guerra creció hasta tocar fondo, en febrero de 1962, cuando entró en vigor la Orden Ejecutiva 3447, del presidente John F. Kennedy, que dio inicio al bloqueo contra Cuba. Pero no se detendría ahí; ese era solo el comienzo.
Para la prensa corporativa hegemónica al servicio de la Casa Blanca y sus servidores locales, el problema fundamental de la economía cubana es su ineficiencia, producto, entre otras cosas, del llamado «bloqueo interno» y de la «enorme burocracia» del Gobierno.
Sin embargo, la verdad es que el daño total provocado por el bloqueo, si se ajusta a la depreciación del dólar frente al oro, asciende a más de 1,3 billones de dólares, lo que refleja el costo real que ha tenido para el desarrollo de la Isla.
Desde abril de 2019, el Gobierno de EE. UU. implementó una política activa de persecución y sanciones contra buques y compañías navieras que transportan petróleo a Cuba, principalmente desde Venezuela.
Estas medidas incluyeron más de 90 embarcaciones y varias empresas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (ofac), prohibiendo transacciones con entidades estadounidenses y bloqueando activos relacionados.
Solo entre marzo de 2023 y febrero de 2024, las afectaciones al sector de energía y minas sumaron unos 388 millones de dólares, principalmente por la persecución a navieras, aseguradoras y bancos que impiden la llegada de petróleo a la Isla.
Nada ha cambiado desde 1960. La pirática persecución desatada por el Gobierno de EE. UU. fue diseñada para quebrar el alma de la nación, para que, movidos por el desaliento, renunciemos a nuestros sueños de libertad y de justicia para todos.
Tomado de Granma