El bloqueo económico, comercial y financiero es un acto de guerra en tiempos de paz impuesto unilateralmente por EE.UU. contra Cuba. Este ha evolucionado y se ha endurecido a lo largo de más de 60 años. Comenzó con la cancelación de la cuota azucarera en el mercado estadounidense en junio de 1959, y se oficializó el 7 de febrero de 1962 con la aplicación de la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera, que estaba vigente desde septiembre de 1961, cuando el presidente John F. Kennedy vedó totalmente la importación de mercancías de origen cubano. Posteriormente, se fueron sumando otras medidas coercitivas.
En 1992, la Ley Torricelli codificó por primera vez las contravenciones del bloqueo, haciéndolo extraterritorial, lo cual significa fijar sanciones a terceras naciones donde radiquen subsidiarias de empresas estadounidenses y a los barcos que comerciaran con Cuba. La Ley Helms-Burton lo recrudeció, internacionalizó y afianzó en 1996. Con posterioridad, otros actos legislativos como las leyes de presupuesto federal y la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del año 2000, incorporaron otras interdicciones, como la denegación de financiamiento a las ventas de productos agrícolas a Cuba y la negativa de viaje de ciudadanos de aquel país como turistas.
Durante el gobierno de Donald Trump se adoptaron, adicionalmente, otras 243 medidas contra Cuba. Entre ellas, la eliminación de los viajes de los cruceros y de vuelos de aerolíneas a toda la Isla, exceptuando a La Habana; cancelación de los servicios consulares en Cuba y su ubicación en terceros países; impedimento de transacciones bancarias; limitación primero y cese después de las transferencias bancarias de ciudadanos (privados) y el cierre ulterior de las operaciones de la empresa Western Union; las sanciones a empresas cubanas; la persecución de petroleras, aseguradoras, navieras e, incluso, tripulaciones que transportaran gas licuado o petróleo a la Isla. El colofón de todo ello fue la inclusión de Cuba en una lista arbitraria y unilateral de estados que, según Washington, patrocinan el terrorismo internacional, lo cual tiene efectos importantes en las relaciones financieras externas de nuestro país.
Todas las medidas aplicadas con rigor quirúrgico obligan a recurrir a intermediarios para acceder a determinados productos, pagar más por concepto de seguro y flete, así como encarar el incremento de las comisiones que aplican las entidades bancario-financieras. De esta forma, se produce una elevación sustancial y antinatural de los gastos que deben asumir las empresas cubanas.
Restar apoyo a la Revolución
Hoy el bloqueo incluye un conjunto de medidas de agresión y coacción económica, con la declarada intención de aislar, asfixiar e inmovilizar a Cuba y crear malestar en su población para debilitar su decisión de ser soberanos y continuar por la vía socialista, tratando de restar apoyo a la Revolución. Un memorándum secreto del 6 de abril de 1960 del Subsecretario Asistente para Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory, fija como estrategia de lucha contra la Revolución Cubana, privar al país de recursos materiales y financieros para generar malestar y lograr la rendición por hambre, sufrimiento y desesperación. Desde entonces, Estados Unidos sigue la misma estrategia.
En el discurso de clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, en noviembre de 1994, el Comandante en Jefe Fidel Castro explicó: “[…] el bloqueo es una guerra económica contra Cuba, guerra económica; es la persecución tenaz, constante, de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo -Estados Unidos trabaja activamente, a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar a cualquier barco que transporte mercancías a Cuba-; es la guerra universal, con ese inmenso poderío a su favor, contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso, con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país” (Castro, 1994).
No se trata de un embargo, como algunos refieren y se dice en inglés, porque no es una orden judicial emitida para asegurar mediante la retención de bienes, el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente. En realidad es un acto de guerra, adoptado en el marco de la Ley de Comercio con el enemigo de 1917, que le otorga al presidente la facultad para restringir el comercio con países hostiles a Estados Unidos y la posibilidad de aplicar sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otro periodo de emergencia nacional, y prohíbe el comercio con el enemigo o aliados del enemigo durante conflictos bélicos, cuya aplicación no se justifica en tiempo de paz, especialmente de manera sostenida y prolongada (Allard, 2016). Cuba nunca ha sido deudora de aquel país, no ha cometido algún delito contra esa nación, ni representa un peligro para su seguridad nacional. Sin embargo, es el único país para el cual está hoy vigente esta legislación.
El bloqueo contraviene los principios fundamentales del Derecho internacional: la igualdad soberana, la no intervención en los asuntos internos de los estados, el respeto a la independencia y libre determinación, el derecho a la nacionalización de bienes por interés público; además de violar de forma masiva y flagrante los derechos humanos de los cubanos (Rivera, Domínguez, & Escudero, 2018). Según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, el bloqueo califica también como un «crimen internacional de genocidio».
Daños económicos del bloqueo
Durante su aplicación, el bloqueo ha causado pérdidas que ascienden a 147 mil 853 millones de dólares y el valor en oro de su costo para Cuba ha sido de un billón 377 mil millones (Blanco & Carmenate, 2021). Afecta a todos los sectores de la economía, impide el acceso a materiales, productos y servicios del mercado internacional, y causa daños al sector privado y a terceros países por su carácter extraterritorial.
Las sanciones estadounidenses afectan no solo a los ciudadanos cubanos, sino también a entidades de terceros países que buscan hacer negocios con Cuba. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos autoriza licencias y sanciona infracciones aplicando responsabilidad civil cuando detecta violaciones del Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR).
Solo entre los años 2009 y el 2016, durante el gobierno de Barack Obama, fueron impuestas 52 multas por violaciones de los regímenes de sanciones contra Cuba y otros países, por un monto de 14 mil 404 millones 358 mil 605 dólares (CubaMinrex, 2017).
Entre sus daños se encuentran los ingresos dejados de recibir por concepto de exportaciones y servicios, las pérdidas por reubicación geográfica del comercio, el deterioro de la producción y los servicios en el país, la escasez de alimentos, combustibles, medicinas y piezas de repuesto, la dificultad para acceder a tecnologías de punta, la disminución de los servicios a la población, las afectaciones monetarias y financieras, la emigración y eventualmente el fallecimiento de personas a las que se ha negado el acceso a un medicamento o tecnología de salud disponible solo en Estados Unidos (Rodríguez J. L., 2021).
Solo entre abril de 2019 y diciembre de 2020, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba causó pérdidas en el orden de los 9 157 millones de dólares. Algunos ejemplos de su operatoria son: el Departamento de Transporte de Estados Unidos denegó el 18 de noviembre de 2020 la solicitud de varias aerolíneas para llevar ayuda humanitaria a Cuba. También impidió enviar la donación de la empresa Alibaba y la Fundación Jack Ma de mascarillas, kits de diagnóstico rápido y ventiladores -que había logrado llegar a más de medio centenar de países en todo el mundo- porque la empresa estadounidense contratada para hacerlo renunció a última hora ya que las regulaciones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra el país de destino se lo impedían (Pereira, 2020). De igual forma, un banco involucrado en la transacción de materias primas para producir medicamentos, decidió no realizar el pago por temor a ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos.
Rechazo internacional y pretextos para bloquear
La resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” ha sido sometida a debate en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 29 ocasiones. Allí, de manera casi unánime, la comunidad internacional rechaza la unilateral política, pero la clase política en el poder lo ignora.
Dentro del gobierno estadounidense hay quienes opinan que se debe poner fin al bloqueo porque es una política anacrónica e ineficaz, que no ha logrado ni logrará su objetivo, y ha terminado por desacreditarlos. No obstante, las sucesivas administraciones insisten en justificarlo, alegando razones tales como la nacionalización no compensada de propiedades, el peligro que la Isla representa para su seguridad por su relación con la extinta Unión Soviética, el ejemplo que personifica para América Latina y el Caribe, el respaldo a los pueblos de África en su lucha de descolonización, el rechazo a asumir la Perestroika como opción al socialismo, el apoyo a Venezuela, por no aplicar el modelo democrático impuesto por Estados Unidos, por supuestas violaciones de derechos humanos, entre otras.
El bloqueo de Estados Unidos se complementa con una intensa campaña de difamación, demonización e injerencia política en los asuntos internos cubanos; con programas de subversión a los que la administración dedica cada año decenas de millones de dólares del presupuesto federal y sumas adicionales de fondos encubiertos. No es legal ni ético que una superpotencia someta a una nación pequeña, por décadas, a una guerra económica para imponerle un sistema político ajeno y sistema político perfilado a su gusto.
Resistencia cubana
En medio de esta guerra desigual y prolongada, Cuba ha alcanzado logros indiscutibles, tales como erradicar la pobreza extrema y el hambre, ofrecer servicios educativos, culturales y sanitarios universales, gratuitos y de calidad a toda la población, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años, invertir cerca de la tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) en programas sociales, desarrollar la cultura física y el deporte, masificar la cultura, elevar la esperanza de vida, alcanzar un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH), crear una base productiva e industrial nacional, desarrollar la ciencia y la tecnología, promover y practicar la cooperación internacional y erigir capacidades para producir medicamentos y vacunas propios.
El gobierno de Cuba cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. Como Estado socialista de derecho y justicia social sometió a referendo libre, directo y universal y adoptó una nueva Constitución en 2019, trabaja en la actualización del modelo económico y social y enfrenta la pandemia de la COVID-19. Todas son tareas complejas y audaces en cualquier circunstancia. Son mucho más difíciles frente a la persistente hostilidad del imperialismo estadounidense. Pero, la voluntad de los cubanos es resistir y continuar haciendo en base a principios y valores acendrados en la cultura nacional.
El 23 de junio pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ratificó: “El reclamo de Cuba es que nos dejen en paz, es vivir sin bloqueo, que cese la persecución de nuestros lazos comerciales y financieros con el resto del mundo. Demandamos que se ponga fin a la manipulación, la discriminación y cesen los obstáculos a los vínculos de los cubanos que viven en los Estados Unidos con sus familiares en Cuba y con el país que los vio nacer”
Tomado de Instituto Superior de Relaciones Internacionales