El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, presentó este jueves en el primer periodo ordinario de sesiones de la X Legislatura el informe sobre los resultados del cumplimiento de las directivas generales para enfrentar el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.
El vicepresidente comentó que para dar cumplimiento a las directivas generales dirigidas a la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, se inició un proceso de seguimiento y control, en reuniones con gobernadores, visitas gubernamentales por provincias y municipios, en las que se evaluó la implementación de las directivas generales, sus aciertos y lo que ha faltado para lograr su efectividad.
Explicó que el Secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central del Partido conformaron una comisión de trabajo, y durante los recorridos por provincias y municipios identificaron que aún no se alcanza el impacto necesario en las transformaciones de los problemas existentes.
Se debe continuar trabajando en el enfrentamiento a la reventa de productos a precios abusivos y especulativos. Además, se constató falta de gestión, ausencia de análisis integrales y oportunos, así como carencia de preparación de sus especialistas.
Por otro lado, constituye una limitante para prevenir, enfrentar y transformar la situación, el bajo nivel de completamiento de agentes del orden público, jefe de sectores de la PNR, inspectores integrales y de otros organismos auditores, fiscales, trabajadores sociales, entre otros.
En los recorridos, agregó Valdés Mesa, se analizaron asuntos que requieren de una atención especial como el enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos, la contratación de las producciones agrícolas y la concentración de precios.
El Consejo de Ministros aprobó el sistema de trabajo del gobierno para el año 2023 y como prioridad se incluye el combate riguroso contra las indisciplinas, el delito, la corrupción y las ilegalidades, por todas las estructuras de los organismos de la administración central del Estado, entidades nacionales, gobiernos territoriales y las administraciones locales.
Por su parte, el Buró Político consideró que, si bien esas directivas contribuían a organizar el trabajo, no se alcanzaba la efectividad en lo que están haciendo porque no había disminuido el delito, ni mejoraron las ofertas a la población ni se redujeron los precios abusivos.
Por ese ritmo, agregó el vicepresidente, el primer secretario Díaz-Canel indicó incrementar la efectividad y rigor en el enfrentamiento al delito. Además, es necesaria una mayor divulgación de las acciones que se ejecutan, y en ese proceso vincular a la comunidad, que también tienen responsabilidad en la prevención y combate de estos fenómenos.
“La implementación de estas directivas se realiza en medio de una compleja situación, agudizada por el continuo efecto del bloqueo, la crisis económica internacional y la guerra mediática con fines desestabilizadores del gobierno de Estados Unidos contra Cuba”.
Asimismo, se unen problemas internos, objetivos y subjetivos, por ejemplo, el mal uso de la tierra que ha provocado escasez de productos, limitaciones en los servicios a la población, problemas organizativos, de dirección e inmovilidad, y falta de sensibilidad de algunos directivos y funcionarios para escuchar, atender, informar y accionar.
Valdés Mesa se refirió a la política de precios que fluctúa por el tipo de cambio informal de la divisa, a la especulación financiera en el mercado informal, la retención de fondos financieros, actores económicos fuera del control del Estado, pagos indebidos, baja productividad del trabajo y pocas ofertas.
“A pesar de lo anterior, las posibles soluciones a los problemas que se han aprobado y las medidas que se han aplicado no han sido con políticas de choque, sino que deben contribuir al aumento de la producción de alimentos, la mejora de los servicios y resultados superiores en la economía, con impacto en las políticas sociales”.
El vicepresidente resaltó las acciones de transformación social que se ejecutan en algunas comunidades como construcción de parques, escuelas, bodegas, salas de video, sustitución de luminarias y el mejoramiento de los viales.
“En estas comunidades son protegidas por la asistencia social más de 22 000 personas en situación de vulnerabilidad y se han identificado más de 10 000 personas desvinculadas y aptas para trabajar. En este sentido, los grupos de prevención y atención social deben fortalecer su papel en el seguimiento a personas que requieren tratamiento para su inserción social. Igualmente fomentar la cultura de respeto a la convivencia social, acatamiento a la legalidad y rechazo a las conductas negativas”.
Por otro lado, llamó a combatir la delincuencia asociada a delitos priorizados y conductas antisociales reincidentes o graves, en correspondencia con la situación socioeconómica.
Dijo en su intervención que las redes sociales se posicionan como la principal vía para la promoción y reventa de productos de origen ilícito. Por esos motivos, se incrementa en la aplicación de la política penal y penitenciaria, el decomiso de viviendas, vehículos, dineros y joyas, entre otros bienes.
Entre los delitos más frecuentes citó las violaciones urbanísticas en todo el territorio nacional y el incumplimiento de los planes de ordenamiento territorial, que atentan contra la calidad de los servicios básicos como el abasto de agua, la electricidad y el saneamiento.
Valdés Mesa insistió en que hay que generalizar las rendiciones de cuenta de los directivos con la calidad requerida, especialmente de aquellos con recursos materiales financieros a su cargo.
Al referirse a otro tema, se han aplicado alternativas para mejorar la comercialización de los productos regulados y controlados.
No se ha concluido la informatización de las oficinas de control de consumidores (OFICODA). “En el proceso se detectaron más de 300 000 personas que indebidamente recibían productos de la canasta familiar normada”.
En esta misma línea, dijo que no se explotan suficientemente las aplicaciones informáticas para la comercialización de productos. “Solo el 1.1% de la oferta han sido cobradas por canales electrónicos de pago”.
No se publican ni se actualizan los listados de precio de los productos y existen problemas en el funcionamiento de los comités de contratación y concertación de precios. En este ejercicio influye la falta de coherencia en los diferentes territorios para entender qué es un precio especulativo y abusivo y cómo contenerlo y reducirlo.
Por otra parte, el trabajo para mejorar la disciplina tributaria y evitar la evasión fiscal no alcanza la efectividad necesaria. “Se requiere de una mayor bancarización de todas las operaciones”.
Los proyectos de desarrollo local dirigidos a la solución de los problemas principales que impactan en la población, no alcanzan la efectividad que se necesita.
Entre otras medidas se ha garantizado la incorporación y continuidad de estudio de jóvenes, entrega de subsidios para acciones constructivas, conclusión y legalización de viviendas, erradicación de pisos de tierra y entrega de libretas de abastecimiento para la comercialización de productos en la red minorista.
Otras experiencias positivas son la organización de ferias y ventas en centros de trabajos que han contribuido a mejorar la oferta y los precios. También, propiciar experiencias de pago por los canales electrónicos.
El vicepresidente insistió en que los organismos de la administración central del Estado deben exigir una mayor influencia en las estructuras subordinadas. Igualmente, incrementar el rigor y la efectividad de las acciones de enfrentamiento por los órganos y organismos especializados en provincias y municipios.
Algunas medidas propuestas
Al presentar el dictamen al informe, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, dijo que el informe expone las medidas adoptadas por el Gobierno, encaminadas a implementar un mecanismo efectivo de prevención y enfrentamiento al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, así como las acciones desarrolladas para su implementación y control en el territorio nacional, con especial énfasis en los municipios.
Refleja también la situación del país y las principales problemáticas que se manifiestan, las insuficiencias que se expresan en la ejecución de las directivas establecidas y los resultados alcanzados.
En el documento se aborda la estrategia que siguen los enemigos de la Revolución de generar, a través de las redes sociales, una falsa visión de nuestra sociedad, al tergiversar la existencia de una elevada inseguridad ciudadana y criminalidad en el país.
“Resulta incuestionable que en el país se manifiestan hechos delictivos que atentan fundamentalmente contra la propiedad, resultado de la crisis económica que vivimos, pero Cuba no se inscribe dentro de los países de elevadas tasas de criminalidad, como se muestra en casi todos los pueblos de esta región del mundo”.
“Cuba es un Estado seguro para la vida, bienes y desarrollo de sus habitantes y de quienes nos visitan”, refirió.
Agregó que el país cuenta con un moderno y fortalecido sistema jurídico para prevenir y enfrentar con rigor a todos los que infrinjan el orden legal de la nación, dentro de la salvaguarda a las normas que pautan el debido proceso y el régimen de garantías establecido en la reforma procesal y sustantiva desarrollada, por mandato constitucional, en los últimos años.
“Es reconocida, además, la efectividad y profesionalidad de nuestros órganos policiacos en la investigación de hechos delictivos”.
Toledo Santander enumeró las medidas propuestas a la Asamblea Nacional por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Defensa Nacional y Orden Interior.
Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate
Las medidas son las siguientes:
1. Respaldar a los órganos de enfrentamiento directo al delito, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y los Tribunales de Justicia, en la aplicación con el rigor que nuestro pueblo reclama, del régimen de sanciones establecidas en las leyes; en encarar decididamente a los que vulneran el orden legal del país y atentan contra la seguridad de las personas, cuidando con especial atención la tranquilidad ciudadana, la integridad personal, la propiedad y enfrentando cualquier manifestación de corrupción.
2. Incrementar los niveles de esclarecimiento y celeridad a los procesos penales en tramitación, velando en todo momento por la calidad en los mismos y la garantía de una investigación multilateral y objetiva.
3. Ratificar que esta batalla no puede ser solamente de los órganos de enfrentamiento, es esencial la incorporación de todo nuestro pueblo o su encabezado por las organizaciones de masas y sociales en que se organiza, y fundamentalmente de los órganos del Estado y del Gobierno a todas las instancias.
4. Elevar la vigilancia revolucionaria en todos los lugares para salvaguardar los bienes y la tranquilidad del pueblo deviene en tarea de primer orden.
5. Trabajar porque en la sociedad prevalezca el régimen de disciplina, orden y control creado por la Revolución nos corresponde a todos, en lo cual desempeñan un papel fundamental los organismos de la Administración Central del Estado, quienes deben fortalecer el cumplimiento de las Directivas Generales trazadas y adoptar las medidas requeridas para enfrentar decididamente el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, y rendir cuenta de los resultados que de ello alcancen ante esta Asamblea Nacional y el Gobierno de la República.
6. Las Asambleas Municipales del Poder Popular y los Consejos Provinciales, a partir de las directivas generales establecidas por el Gobierno y las acordadas por esta Asamblea Nacional deben revisar y fortalecer las alto estrategias de trabajo requeridas para el enfrentamiento al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales en su territorio y analizarán su cumplimiento y resultados alcanzados en cada una de sus sesiones de trabajo. En tal sentido, exigirán las responsabilidades correspondientes a los encargados directamente con los resultados a lograr.
Del mismo modo, inspeccionarán y requerirán a las direcciones administrativas un estado de control y protección de sus bienes y la aplicación de las medidas disciplinarias establecidas a los infractores del mismo.
Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate
7. Resulta imprescindible enfrentar y dar una solución a la situación imperante de evasiones fiscales e impagos de multas, y en tal sentido se indica a los órganos locales del Poder Popular y al Ministerio de Finanzas y Precios adoptar cuantas medidas se requieran al efecto. El citado Ministerio informará a esta Asamblea de los resultados logrados en la primera sesión ordinaria del año próximo.
8. El Consejo de Ministros, a partir de las medidas adoptadas por la Asamblea Nacional, debe realizar los ajustes requeridos a las Directivas Generales establecidas, precisando en los casos que correspondan, la exigencia de responsabilidad a los encargados de alcanzar los resultados propuestos.
9. Interesar del Consejo de Ministros, incluir en informes sucesivos el cumplimiento por los organismos de la Administración Central del Estado de las medidas orientadas en las Directivas Generales y las que se establecen en el ordinal seis que antecede.
10. El Consejo de Estado convocará a sus reuniones, cuando así lo considere, a los órganos de enfrentamiento al delito, para que informen de los resultados de su gestión de encarar al delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales; del mismo modo, interesará del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, participe de los resultados de la aplicación de la política penal establecida. Con iguales propósitos, convocará a los organismos con implicación directa en velar y garantizar el estado de orden, disciplina y control que se exige.
11. Las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional controlarán priorizadamente, en los organismos inscritos en su radio de acción, los resultados que se alcancen en el establecimiento de un régimen de disciplina, orden y control en los mismos, informando al respecto al Consejo de Estado cuando se les interese.
12. Ratificar nuestro decidido apoyo y reconocimiento a la abnegada labor de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, la Fiscalía General de la República y los Tribunales de Justicia para salvaguardar la seguridad colectiva y el orden público de la nación.
13. El Consejo de Estado y el Consejo de Ministros informarán periódicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular el estado de cumplimiento de este Acuerdo.
No puede haber impunidad
Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate
La diputada por Cienfuegos Odalys Quero Rodríguez dijo que es importante fortalecer los grupos de enfrentamiento al delito en las comunidades y analizar en el consejo popular las problemáticas. “Cada trabajador social tiene que hacer un levantamiento de los jóvenes, incorporarlos al trabajo y a la producción de alimentos”.
“Es importante el control permanente en las comunidades”, dijo y consideró que “de esa manera se gana la batalla y se disminuye el delito”.
Yaneydis Batista Hechavarría, diputada por Santiago de Cuba, comentó que estos problemas deben abordarse de manera diferenciada en cada territorio. “Tenemos que combatir la impunidad con la exigencia y el control que tienen que jugar los cuerpos de inspectores y el apoyo de la población”.
El diputado por Bahía Honda, Yordany Andarcio Álvarez, dijo que en Cuba tenemos una potencia invencible que son los diputados que radican en cada municipio y que están comprometidos con la Revolución. Tenemos, además, una fortaleza en el municipio, que es el delegado de circunscripción.
“Cada delegado es un líder comunitario que puede jugar un papel en el enfrentamiento a los delitos”.
También está, dijo, la UJC, el PCC, los CDR, que tiene el coraje y la valentía suficiente para enfrentar los delitos. “No podemos responsabilizar solo al Minint. Los ciudadanos no podemos estar ciegos ante los problemas. Es en la base donde hay que resolver los problemas”.
Por su parte, la diputada Leidys María Labrador Herrera, por Puerto Padre, comentó que muchas veces actuamos de manera paternalista con las personas involucradas en delitos. “Todavía nos está faltando en la cultura jurídica que podemos llevar a nuestra gente y darle a conocer el nivel de profesionalidad con el que están trabajando jueces, fiscales, la PNR, que han logrado una organización y fortalecimiento en sus sistemas para enfrentar el delito. Existen instrumentos a los que le podemos dar más valor y que pueden ser poderosos mecanismos, como las verificaciones fiscales y las comprobaciones al control interno”.
Enfatizó que se está haciendo una campaña contra Cuba sobre la supuesta impunidad que existe en el país.
La diputada comentó que muchas veces vemos que en las redes sociales se está moviendo un mercado ilegal y lo dejamos pasar. “Las carencias materiales son una realidad y generan pérdidas de valores pero no podemos utilizarlas como justificante en el incremento del delito”.
El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, se refirió a la necesidad de superar la inercia en las gestiones de cobros de deudas por pagar y ejercer el control fiscal en cada uno de los territorios.
La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velazquez, se refirió a las condiciones en las que trabaja el sistema de comercio a nivel nacional y el control sistemático que debe realizarse sobre las operaciones de puerto-transporte, así como a la necesaria integración por los gobiernos locales a nivel provincial y municipal para lograr que el comercio hoy aplique de una manera más efectiva la concertación de precios.
Dijo que el comercio interior es el sistema que genera varias cadenas de impago en el país manteniendo cuentas por cobrar, por pagar, con altos saldos. En ese sentido y desde hace varios años, se ha intencionado la aplicación y el uso de los canales de pagos electrónicos y de caja extra en las redes de comercio minorista.
Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial General Raúl Acosta Gregorich comentó que desde su organismo se elaboró un plan para erradicar las ilegalidades y se han identificado más de 33 000 en el presente año. “Hemos visitado cuatro provincias y 36 municipios e intercambiado con los trabajadores los problemas que tenemos a lo interno”.
En esas reuniones trascendió que las principales insatisfacciones están en los incumplimiento de los plazos de los trámites que solicita la población.
Alberto López Díaz, diputado por Villa Clara, se refirió a las complejidades del delito en la provincia, con mayor incidencia en el hurto y sacrificio de ganado (52%), el robo de motos eléctricas y turbinas de agua, y otros hechos.
En el territorio se ejecutaban acciones para disminuir los delitos antes de que se aprobaran las directivas del gobierno, dijo, pero no se han tenido los resultados esperados. “Falta efectividad en los grupos de enfrentamiento, falta de exigencia de los cuadros, y no son suficientes los cuerpos de seguridad”.
Eddy Manuel Sierra Arias, Primer Segundo Jefe de la Dirección General de la PNR, se refirió a la importancia de enfrentar con rigor los delitos e ilegalidades. “El Ministerio del Interior ha venido realizando ajustes a su sistema de trabajo para obtener mayor resultados. Se han adoptado acciones en los consejos populares y a nivel de municipios”.
Entre las acciones desarrolladas mencionó el control del personal delictivo, el reforzamiento de autopistas, carreteras y principales vías, reforzar los puntos de control y aumentar el accionar en la protección de los recursos, por ejemplo, las bodegas.
Destacó el trabajo preventivo de la familia, el papel que tiene que desarrollar en la formación de jóvenes y niños.
El Héroe de la República Gerardo Hernández Nordelo resaltó el papel de la vigilancia revolucionaria desde los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). “Hay que trabajar en los principales problemas que afectan a nuestro pueblo y la ilegalidad es una de las preocupaciones”.