El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llega hoy al segundo aniversario de su gobierno, cargo que buscó durante 10 años y ya se prepara para hacer las maletas en medio de críticas por el abandono social.
Su decreto de muerte cruzada, que disolvió el parlamento y anticipó elecciones generales, fue una acción desesperada ante la probable destitución como consecuencia de un juicio político por peculado, aseguran analistas.
De esa forma, el banquero puso fin al mandato que buscó durante tres elecciones, el cargo con el cual soñó por una década y que, según los ecuatorianos, le quedó grande.
Prometió arreglar el país en 100 días y estamos cada vez peor, comentó a esta agencia un comerciante en el norte de Quito para quien el único logro del actual jefe de Estado fue la campaña de vacunación contra la covid-19.
El paro nacional, promovido en 2022 por el movimiento indígena en contra de medidas de corte neoliberal, y las promesas incumplidas con ese grupo, evidencian cómo el Ejecutivo otorgó en los últimos años poca prioridad a las problemáticas de los sectores más humildes.
Ese tipo de gobiernos empresariales no tienen las soluciones debidas para el bienestar y el desarrollo de los pueblos, afirmó a Prensa Latina el historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño.
Encuestas recientes indican un rechazó popular al mandatario superior al 80%, en gran medida debido a la desatención social y el aumento de la inseguridad.
Ecuador es hoy uno de los países más violentos de América Latina y cerró 2022 con una tasa de 25 homicidios por cada 100 000 habitantes, cifra que seguramente el presidente no mencionará este miércoles durante su informe a la nación.
Asesinatos a plena luz del día en espacios públicos, ataques con explosivos a viviendas o negocios, asaltos a centros comerciales, masacres carcelarias, atentados contra uniformados y sedes policiales, extorsiones y secuestros es la herencia del Gobierno del Encuentro, como él mismo denominó su administración.
Si bien Lasso reconoce que ese es un problema grave, sus intentos por frenar la delincuencia y el crimen organizado con al menos 10 estados de excepción, han sido en vano.
La percepción de los ecuatorianos es que la inseguridad es un problema que el Gobierno no ha logrado contener y esa es su responsabilidad.
Una de las acciones gubernamentales ante la ola de violencia fue permitir el porte de armas, una medida que desató la polémica con la mayoría de las voces en contra.
La falta de acciones efectivas contra la violencia creciente y los problemas económicos de la mayoría de los ecuatorianos, hundieron a Lasso, que cumple dos años de mandato, pero apenas le quedan seis meses en el poder.
Analistas y organizaciones sociales advierten que en ese tiempo profundizará el neoliberalismo con los decretos leyes anunciados.
Por eso, la mirada está puesta ahora en su reemplazo, que deberá recuperar la nación ante el desastre social que deja como herencia el banquero.