La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, expresó su preocupación en un foro interamericano sobre el creciente número de armas de fuego en manos de civiles, atribuyéndolo a un tráfico transfronterizo no regulado desde los Estados Unidos.
Bárcena argumentó que este fenómeno tiene implicaciones de seguridad pública, resultando en violaciones del derecho humano a la vida y a la integridad personal, entre otros. Además, señaló que hay una gran cantidad de evidencia que demuestra cómo la disponibilidad de armas contribuye al incremento de la violencia.
Bárcena reveló que se estima que cada año se trafican ilegalmente a México unas 200 mil armas de fuego. Este fenómeno tiene un importante componente transfronterizo (con los Estados Unidos), ya que en México, la compra de armas de fuego por particulares está estrictamente controlada.
Denunció que las empresas que fabrican y distribuyen armas en el continente americano lo hacen sin prácticas que aseguren su trazabilidad, o que eviten de alguna forma el desvío hacia segundos propietarios, y esa información es conocida pero ignorada y se abstienen de tomar medidas para prevenir que terminen en manos de grupos criminales.
Alertó de una disponibilidad indiscriminada de armas de fuego que afecta la situación social y económica de muchas familias, al hacer que niños, niñas y adolescentes pierdan a sus padres y a sus madres.
El Estado mexicano sostiene que esta realidad debe ser considerada por la Corte Interamericana para que, con un enfoque de universalidad e interseccionalidad, analice las lamentables consecuencias que la violencia armada tiene en el disfrute de los derechos humanos en los Estados americanos.
Calificó la situación de emergencia compartida por varios países de la región, que debe de ser atendida y enfocarse en el papel que tienen los actores privados en potencializar las posibles violaciones de derechos humanos.
En los últimos años México ha implementado diversas acciones legales como la demanda ante cortes civiles estadounidenses a un grupo de empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de armas de fuego a las que se les exige indemnicen a las víctimas derivadas de sus prácticas negligentes en las ventas.
Si bien es importante que las jurisdicciones nacionales garanticen el acceso a la justicia y la reparación del daño en favor de las víctimas, esto de ninguna manera obstaculiza las posibilidades de un tribunal internacional de derechos humanos, insistió.
(Con información de Prensa Latina)