Las autoridades cubanas han reiterado que la introducción, uso o comercialización del servicio de internet satelital Starlink en el territorio nacional constituye un delito grave, tipificado en el artículo 295.1 de la Ley 151/2022, con penas de prisión que oscilan entre tres y ocho años.
Según fuentes oficiales, esta práctica no se considera una vía legítima para el acceso a la conectividad, sino una “operación encubierta de intereses externos” orientada a desestabilizar la nación.
Además de las sanciones privativas de libertad, quienes importen, financien o distribuyan estos equipos se exponen al decomiso de las antenas —cuyo valor puede alcanzar los 1.700 dólares— y al pago de multas.
Las advertencias se intensifican ante el riesgo de que la red satelital sea utilizada para crear canales de comunicación incontrolables por el Estado.
Las autoridades han vinculado esta tecnología con el presunto intento de infiltración de armas en el caso Corralillo, así como con la posibilidad de que, en un contexto de conflicto bélico, se eludan los mecanismos de defensa nacional y se facilite una intervención militar.
De acuerdo con los reportes oficiales, solo durante el año 2025 se han decomisado más de 80 equipos Starlink en la isla, algunos de ellos ocultos en paneles solares o televisores. La Aduana General y el Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) aplican medidas de rigor frente a cualquier intento de ingreso no autorizado.
Las autoridades han hecho un llamado a la población a denunciar estas prácticas y han subrayado que la protección de la soberanía tecnológica forma parte de la defensa del país.