La actualización de precios de productos de medicina natural y tradicional que desde este viernes (3 de mayo) acontece en Cuba, ya se percibe en los 38 surtidos que, por el momento, se expenden en Ciego de Ávila, como parte de un proceso llamado a favorecer la sostenibilidad de este programa, cubrir sus costos y gastos e incrementar las capacidades productivas.
Dulce María Fernández Martínez, directora general de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas, precisó a la prensa que los nuevos precios se establecieron en el territorio a partir de la elaboración de las respectivas fichas de costo, teniendo en cuenta las materias primas necesarias en cada caso.
Sin embargo, esas fichas tienen un límite para evitar la fijación de precios abusivos. Ejemplificó con el caso de los demandados jarabes, cuya formulación incluye componentes como el ajo —que en esta provincia exige un desembolso al sistema de la agricultura de 1200 pesos por kilogramo—, de ahí que la ficha local sobrepase los 40.00 pesos y sin embargo el tope nacional establecido no puede rebasar la cifra de 23.00.
Los montos a desembolsar por cada surtido entraron en vigor tras la publicación, este día 3, de las resoluciones 21 y 22 del Ministerio de Finanzas y Precios en la Gaceta Oficial de la República No. 33, extraordinaria.
Para modificar los precios de los productos contemplados dentro del Programa de Medicina Natural y Tradicional, la Resolución No. 21 faculta a los jefes de las entidades productoras para aprobar los precios mayoristas en pesos cubanos, de los productos naturales de elaboración local dispensarial y de la industria nacional, en tanto la 22, otorga la facultad a los gobernadores y al intendente del municipio especial Isla de la Juventud, para aprobar los precios minoristas en pesos cubanos, de los productos del Programa que son de elaboración local dispensarial, hasta los límites que se establecen por el ministro de Finanzas y Precios.
Fernández Martínez precisó que las potencialidades de Ciego de Ávila abarcan un total de 123 productos, de los cuales, al determinarse las correspondientes fichas de costo, 49 no se ajustan a los límites dictaminados, aunque la producción actual está afectada por diferentes razones, como el déficit de compuestos químicos y otras materias primas, lo cual explica que solo se garanticen 38.
“Le estamos preparando al gobernador cuál es la materia prima que nos provoca el sobregiro en los distintos productos y quién es el proveedor correspondiente, para que se hagan los análisis necesarios”, comentó la máxima autoridad de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas.
La medida se hace efectiva luego de que, en diciembre del pasado año, el miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, en el Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, reflexionara que “los precios que se establecieron centralmente son irrisorios y no pueden sostener eso, entonces se está descentralizando en los gobiernos de los municipios que, según lo que produzcan, puedan ellos mismos calcular sus fichas de costo y aprobar los precios que se cobrarían por estas producciones”.
El alcance de esta decisión implica exonerar al Estado de un desembolso que implicaba la entrega de un promedio de 60 millones de pesos anuales a este territorio, y cifras igualmente millonarias al resto de las provincias.
Dulce María recurre nuevamente al ejemplo del jarabe. “Aunque pagamos 1200 pesos por el kilo de ajo, cada frasco del medicamento lo expendíamos hasta ahora a 80 centavos, aunque cuesta 14 pesos producirlo, entonces, por cada producto el Estado me pagaba 13.20 pesos; el presupuesto del país no soporta eso, además del incremento del precio de las materias primas de importación”.
Si bien el aumento de los precios incidirá en los bolsillos, en consonancia con la política de no subsidiar productos sino a personas, desde el presupuesto del Estado se ampliará el número de asistenciados y adultos mayores que requieran estos productos. Como destacara esta semana Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, existen los mecanismos para la atención a las personas en condición de vulnerabilidad a través de la asistencia social.
Funcionarios de los ministerios de Salud Pública y Trabajo y Seguridad Social han explicado que los trabajadores sociales serán los encargados de hacer los trámites, tanto de las personas subsidiadas, como las que lo necesiten en un momento determinado.
Y Dulce María argumenta que “los asistenciados para estos productos van a continuar recibiendo gratuitamente los medicamentos, además, el grupo se va a incrementar con personas cuyos ingresos no les permite adquirir los medicamentos, van a acceder mediante una receta médica firmada por un trabajador social”.
Tomado de Invasor