La lectura de las principales novedades con nuevos términos e inclusiones antecedió el debate de los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Servicios Integrales del sector petrolero con sede en el municipio avileño de Majagua.
Junto a los dirigentes sindicales los obreros resaltaron las nuevas posibilidades del anteproyecto, al cual le sugirieron algunos cambios y en algunos casos manifestaron dudas.
Anairys Morgado Jiménez, secretaria general de la sección sindical, dijo que, es muy importante el debate en los centros laborales debido a que este es el espacio donde se le facilita al trabajador la posibilidad de entender lo que propone el documento, en que marco legal está recogido determinado tema y a quien se pueden dirigir para resolver cualquier situación.
Por su parte Jorge Félix Matienzo Venegas, director de la entidad, manifestó que, en algunos acápites no ve bien definido algunos aspectos, por lo que sugirió un análisis profundo en tópicos como deberes y derechos, donde no se le da la oportunidad a los órganos de justicia laboral de resolver cualquier situación, si no, que todo va a parar directo al tribunal.
Opiniones referidas al contrato de seguro, la protección de la mujer trabajadora y el reconocimiento de nuevas formas de gestión y propiedad enriquecieron la reunión, valorada como necesaria por quienes brindan sus servicios al sector petrolero del centro del país.
Muy importante también el derecho que se le da al trabajador de reclamar hasta por la vía judicial, que antes no cantábamos con esa posibilidad. Además, incluye la protección al obrero en temas relacionados con el acoso, la discriminación, el abuso de poder, el ciberacoso, el trabajo a distancia, entre otros, argumentó Morgado Jiménez.
El nuevo cuerpo legislativo, que pretende regir la vida laboral en el país, introduce dentro de sus novedades el amparo a los trabajadores, actualiza las relaciones laborales, y se adapta a la realidad económica actual, con una protección extendida al sector no estatal.
El proceso de consulta popular, que se extiende hasta el 30 de noviembre próximo, contempla una reforma integral de la legislación vigente desde el 2013, con el propósito de consolidar un marco legal moderno, alineado con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.