Si yo le digo que, según una reciente publicación de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en Ciego de Ávila se transportaron 5,6 millones de pasajeros en 2023, usted va a arquear las cejas, poner cara de incredulidad y, como mínimo, me va a decir: “¡¿Cuántos?!”. No únicamente porque el número le va a parecer exagerado, comparado con la población total de la provincia y hasta el país —y tendríamos que explicar la metodología para contar pasajeros, que no es la misma para contar habitantes—, sino porque, incluso así, serían muchos para la cantidad de transporte “visto” el año pasado.
Sin embargo, tendríamos que creerla a pie juntillas, sabiendo que el plan inicial era de 14 millones. Es decir, a la planificación —que ya se había calculado a la baja, por el antecedente de 2022, cuando de 21 millones solo se cumplió con 7 millones— se le quedó debiendo más de la mitad y no hay señal alguna que indique una mejoría en el actual año, cuando la cifra “soñada” volvió a estimarse en 18 millones. No quiero ser pesimista, pero ahí no llegaremos ni llegando.
El alto componente tecnológico y de importación de la actividad del transporte en el país, unido al déficit creciente de los combustibles, ha hecho que sea uno de los sectores con más lenta recuperación después de la pandemia de COVID-19. Haga memoria y piense cuándo fue la última vez que vio las ahora tan anheladas Dianas recorriendo las calles de su municipio: en los días en que trasladaban a sospechosos, enfermos o convalecientes del Sars-CoV-2.
Después de declarado el fin de la pandemia, el transporte público urbano, suburbano, rural e intermunicipal brilla por su ausencia, aquejado de males conocidos como el bajo coeficiente de disponibilidad técnica, que mantiene inutilizado más del 60 por ciento del parque automotor. Ahora, ver una guagua en las vías es causa de asombro y una felicidad instantánea, que se borra muy fácil en las paradas llenas de muchachos camino a la escuela.
Quienes necesitan moverse de un lado a otro para trabajar, estudiar, acudir a un centro asistencial de Salud, o pasear, han quedado a merced de los transportistas privados (bicitaxis, coches, mototaxis, carros de alquiler y ómnibus rentados), que funcionan con lógicas muy distintas a las del transporte público estatal.
Mientras, hasta finales de 2023, el costo de un pasaje en cualquier medio público tenía un gran componente de subsidio (esto cambió en el inicio de 2024, como parte de la corrección de distorsiones), el sector particular ponía y pone precios según las leyes de la oferta y la demanda, azuzados por los mismos problemas con el combustible y las piezas de repuesto, y tomando como base una tasa cambiaría informal y con evidentes signos de especulación.
El resultado más inmediato ha sido una disminución de la movilidad y un encarecimiento exponencial de cualquier actividad que necesite un mínimo de transportación. La vida del pasajero siempre será la más difícil, aunque la “suerte” de los avileños es que en la inmensa mayoría de su territorio se puede caminar o pedalear sin demasiados accidentes geográficos.
En tanto, el escaso grupo de ómnibus que todavía funcionan aseguran servicios vitales como el de los turnos médicos de los municipios hasta la ciudad capital, o el de servicios funerarios, y desde la máxima dirección política y administrativa de la provincia se insiste en no incumplir la iniciativa solidaria de poner a disposición del pueblo el parque automotor de las entidades estatales en cada cabecera municipal. Lo volvieron a indicar esta semana, después de comprobar que la solidaridad se diluye muy rápido entre quienes no sufren del mismo modo la falta de transporte.
Empezando por los autos del Gobierno, en cada punto de embarque debería poder servirse al pueblo hasta donde la disponibilidad técnica y de combustible lo permita. Le propongo, entonces, que ejerza usted la cuota de poder que tiene y haga control popular de esta iniciativa, mientras esperamos tiempos mejores para el transporte de pasajeros.
Tomado de Invasor